Acción Educar expone ante Comisión de Educación sobre proyecto de administrador de universidades

Raúl Figueroa, Director Ejecutivo de AcciónEducar, expuso ante los diputados de la instancia, sus argumentos respecto a la iniciativa legal que crea la figura de un administrador provisional y administrador de cierre de instituciones de educación superior.

“Compartimos el objetivo de lo que se establece en el Mensaje de este proyecto de ley que dice que es corregir las deficiencias del sistema derivadas del débil marco regulatorio de los procesos de investigación frente a una deficiente gestión de las instituciones de educación superior. El problema está que el proyecto en su articulado no se hace cargo de ese objetivo y lo que hace es establecer una institución de un administrador provisional y un de cierre, que lejos de fortalecer el marco regulatorio, que efectivamente debe ser fortalecido, lo que hace es, a nuestro juicio, mantener el nivel de incertidumbre que hoy existe en esta materia. Se establece una medida que no corrige las deficiencias del sistema, sino que se construye sobre sus mismas debilidades, y por ende lo debilita aún más y agrega más incertidumbre”, sostuvo Figueroa, agregando que “si hoy la duda es en qué casos se puede sancionar con el cierre de una institución, luego de aprobado el proyecto la misma duda se mantiene para determinar los casos en que una institución podrá ser intervenida”.

En esta línea, el Director Ejecutivo de AcciónEducar aseguró que el camino para fortalecer el marco regulatorio es “establecer reglas y normas claras que las instituciones deben cumplir, otorgarle a los órganos del Estado, ya sea al Ministerio de Educación o a una Superintendencia de Educación Superior, atribuciones concretas para que puedan llevar adelante su rol fiscalizador, y establecer también un rango de sanciones que permita en forma gradual ir guiando a las instituciones hacia el adecuado cumplimiento de ese marco normativo. Nada de eso existe hoy  y nada de eso señala el proyecto”.

También se discutió sobre las posibilidades reales que tendría esta figura de solucionar los supuestos problemas por los cuales habría sido designado para intervenir una institución: “Se parte de un supuesto nada evidente de que este administrador va a poder llegar a una universidad y va a poder hacerse cargo de todos los problemas que esta institución se supone que tiene, y que él será capaz por sí solo de resolver todos estos problemas”.

Finalmente, se enfatizó sobre un asunto que ha sido puesto en duda por algunos actores respecto a si este proyecto atenta o no contra la autonomía de las instituciones: “Este proyecto, en la forma que está concebido implica necesariamente una vulneración de la autonomía de las instituciones y en ese sentido hay que transparentar esa discusión. Lo anterior es indudable si se considera que el administrador provisional designado reemplaza a las autoridades de la institución, quienes son marginadas de toda toma de decisiones. Se puede discutir sobre hasta qué punto se puede resguardar o si es importante resguardar dicha autonomía, pero no se puede sostener que este proyecto no atenta contra ella”.