Columna en La Segunda: Los efectos de la gratuidad universal

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar. 

El sistema de educación superior chileno constituye un importante motor de movilidad social y ha sido reconocido, entre otros aspectos, por su amplia cobertura (superior al promedio de los países de la OCDE) y la diversidad de su oferta. Un sistema como el nuestro requiere un mecanismo de financiamiento estudiantil que, asegurando el mejor uso de los recursos públicos, facilite la libre elección y permita a todo joven meritorio, independiente de su condición socioeconómica, aprovechar las oportunidades que la educación ofrece. Cabe preguntarse si la gratuidad universal que ha propuesto el Gobierno cumple con esos propósitos.

En la forma esbozada en el programa de gobierno, la gratuidad universal genera más perjuicios que beneficios: restringe el acceso, genera mayor inequidad y atenta contra la diversidad del sistema. El programa establece la gratuidad como el único mecanismo de ayuda estudiantil y la limita exclusivamente a las instituciones que suscriban un convenio con el Estado y que se rijan por los aranceles que fije el Mineduc. Con esta medida, los jóvenes que no tengan recursos propios para acceder a la educación superior verán seriamente disminuidas sus posibilidades de acceso, ya que sólo podrán estudiar con financiamiento estatal en instituciones que se sometan a las condiciones que el Estado les imponga a través de los convenios, coartando su posibilidad de escoger.

Lo anterior se traduce en mayor inequidad, ya que la restricción en el acceso no aplica para los estudiantes que tienen los recursos para financiar la educación superior. En el mismo sentido, podría ocurrir que las instituciones que no estén dispuestas a suscribir el convenio con el Estado reciban mayoritariamente alumnos de familias de altos ingresos, generando el efecto contrario a la inclusión que busca la reforma. También podría darse el caso de que los alumnos de esas familias, en general de un mayor capital cultural, opten por acceder a las instituciones gratuitas, excluyendo a los estudiantes más vulnerables.

Por último, al fijar los aranceles, la gratuidad atenta contra la necesaria diversidad del sistema, determinando las características de cada proyecto y limitando sus posibilidades de adecuarse a los requerimientos de los estudiantes y del país.

Ver columna en La Segunda.


Escrito por Raúl Figueroa Salas

Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.