Columna en El Líbero: Reforma a la educación superior, el diablo también está en los detalles

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo Acción Educar.

Corre marzo y la discusión legislativa se reanuda. En materia de educación superior el gobierno ha anunciado una reforma estructural cuya presentación al Congreso ha sido retrasada en múltiples oportunidades. En diciembre del año pasado circuló desde el Ministerio de Educación un borrador del proyecto de ley cuyo tenor, atendidas las recientes declaraciones de las autoridades gubernamentales, podría acercare bastante a lo que a lo que será finalmente el proyecto.

El contenido de dicho borrador es inquietante. En él se abordan en detalle las características del sistema de educación superior que el gobierno quiere construir. Detrás de conceptos que son cuestionables como la gratuidad universal y el financiamiento a la oferta, es decir, dejar de financiar a alumnos para financiar instituciones, se agrega una arquitectura de detalles que profundiza y genera nuevos problemas.

En primer lugar, el sistema de financiamiento propuesto intensifica las dificultades de la glosa presupuestaria que se utilizó para implementar la gratuidad 2016, en particular su naturaleza discriminatoria. Se plantea un mecanismo de financiamiento directo a un grupo de instituciones, excluyendo por definición a los estudiantes que elijan establecimientos que no adhieran a la política de gratuidad. Sin embargo, la situación que plantea el borrador es aún más radical; mientras que hoy los estudiantes excluidos de la gratuidad cuentan con un sistema de becas y créditos para financiar sus estudios, la propuesta a la que el borrador se refiere elimina todo tipo de apoyo estatal para ellos. Esta discriminación implica además una limitación de oportunidades para los estudiantes más vulnerables, quienes sólo podrán optar por las instituciones que el Estado indique, debiendo renunciar por razones financieras a otros proyectos que se adecúen mejor a sus intereses. De esta manera, el sistema que se pretende diseñar rompe con una característica destacable de la educación superior chilena: la relativa igualdad de trato del Estado entre estudiantes que elijan instituciones de características y calidad similares.

La discriminación también se advierte a nivel institucional: el financiamiento, tanto de aranceles como basal, sería sólo para aquellas que adscriban al nuevo sistema. Instrumentos de financiamiento transversales para todas las instituciones tales como el Aporte Fiscal Indirecto, los Fondos de Desarrollo Institucional y las ya mencionadas ayudas estudiantiles serían eliminados.

Respecto a la institucionalidad, se observa un incremento muy significativo en la supervisión y control del Estado sobre el sistema de educación superior, tanto a través de la transferencia de competencias de órganos autónomos al Ministerio de Educación, como también mediante la creación de nuevos controles estatales, como la fijación centralizada de los aranceles y vacantes. Lo anterior excede el ámbito de la regulación y entra derechamente en la intervención de proyectos cuya autonomía la Constitución garantiza.

Sobre la fijación de los aranceles de las instituciones de educación superior, se plantea una estrategia única de financiamiento, mediante la fijación de precios en base casi exclusivamente a los costos supuestos de impartir el servicio educativo. Esta alternativa muestra una comprensión de la universidad no como un centro autónomo cuyo propósito es el desarrollo del conocimiento y la cultura, sino como una institución masiva y única de enseñanza de pregrado. La fijación de un precio único obligará a las universidades a ajustar su proyecto y su gasto por alumno a lo que el Estado esté dispuesto a pagar, lo que en muchos casos puede bajar la calidad y homogeneizar los planes de estudio de las carreras. La falta de diversidad a que este diseño conduce afecta la capacidad de adecuación de las instituciones a las necesidades del país y sus jóvenes, restringiendo en definitiva las opciones para ellos.

Cuando se difundió el borrador éste recibió críticas transversales que el gobierno no debe pasar por alto. La fecha para que el Ejecutivo presente el proyecto sobre educación superior es incierta, aunque se ha dado a entender que será en el corto plazo. La reforma que se proponga será la que moldeará nuestra educación superior las próximas décadas. Un proyecto que se base en el diseño que se ha dado a conocer no está a la altura de los desafíos, estanca la innovación y el desarrollo institucional, cae en discriminaciones que en una sociedad moderna no tienen cabida y desconoce el derecho de quienes tienen menos recursos a elegir lo que consideren mejor para su desarrollo.

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Escrito por Raúl Figueroa Salas

Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.