Columna en El Mercurio: Hipotecar el desarrollo de la educación superior

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo Acción Educar.

Uno de los principales ejes sobre los que se levanta la reforma a la educación superior que promueve el Gobierno dice relación con el financiamiento de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Aunque no se ha presentado aún un proyecto de ley sobre la materia, lo que se ha adelantado apunta a que los aportes privados que se utilizan hoy para financiar el pregrado y parte de la investigación serán paulatinamente reemplazados por recursos fiscales.

El primer paso en esta dirección se dio con la Ley de Presupuestos, que estableció la gratuidad para los alumnos del 50% más vulnerable que asistan a las universidades que adhieran a esa política y que, en la práctica, se tradujo en la prohibición de cobrarles a esos alumnos, en la fijación de los precios por el Estado para ese segmento y en la dependencia del Estado para recibir esos recursos. En una entrevista reciente, la Presidenta Bachelet reiteró su propósito de que esta política cubra al 100% de los estudiantes, aunque no durante su mandato.

El financiamiento de las universidades depende, por ahora, en una medida acotada del Estado. Estos aportes se concentran en ayudas a los estudiantes (becas y créditos) y en fondos para investigación y desarrollo institucional. Las reformas propuestas, por su parte, conducen a que en el mediano plazo esa dependencia sea total. Reportes de la OCDE (Education at a Glance 2012 y 2015) y de varios académicos han hecho ver que la necesidad de mayor acceso y calidad ha aumentado el gasto en educación superior en el mundo y puesto enorme presión sobre el gasto público, lo que debiera mantenerse o intensificarse en el mediano plazo (Yang & McCall, 2014; Johnstone 2004).

Al contrario de lo que se pretende impulsar en Chile, esto ha llevado a distintos países a diversificar las fuentes de financiamiento de sus instituciones de educación superior, frecuentemente a través de la inversión privada mediante aranceles (Inglaterra y desde 2010 otros diez países de la OCDE han introducido reformas a su sistema de aranceles con ese objetivo).

La gratuidad tal como está planteada en Chile define al Estado como la principal fuente de ingresos de las instituciones de educación superior, lo que condiciona su desarrollo a los vaivenes de la política fiscal. En esta línea Finlandia es un buen ejemplo, ya que por razones de austeridad redujo en 75 millones de euros su aporte a las universidades en 2015. Es previsible entonces que la educación superior chilena pierda competitividad a mediano plazo, al ser incapaz de hacerse cargo de los crecientes costos de entregar educación superior de calidad. A ello se suma el hecho de que los aportes que está haciendo el Estado por cada alumno son menores a los que hasta ahora recibían muchas universidades, generando déficits que se van a ir acrecentando en la medida que la reforma avance en cuanto a su cobertura.

A dos meses de aprobado el presupuesto, el ministro de Hacienda anunció un importante ajuste ante las magras perspectivas económicas. El ajuste que el ministro propuso, de US$ 500 millones, es lo que cuesta la gratuidad para este año y el equivalente a tres ajustes fiscales corresponde a lo que el Estado tendrá que pagar solo en 2016 por las leyes de educación que se han aprobado. La escasez de recursos obliga a tomar medidas que, bajo un escenario de dependencia financiera del Estado, deja a las universidades vulnerables a los ciclos económicos y a la política financiera del gobierno de turno, de forma tal que los rectores estarán más preocupados del precio del cobre que del desarrollo de las universidades que dirigen.

Es necesario un sistema de ayuda estatal para que los jóvenes que lo requieren puedan entrar y permanecer en la educación superior. Se ha avanzado, pero hay espacios amplios de mejora. Una gratuidad mal diseñada, que no es sustentable, que hipoteca el desarrollo de la educación superior y que además no tiene base alguna que demuestre un impacto en inclusión social, no es la respuesta.

Ver columna en diario El Mercurio.


Escrito por Raúl Figueroa Salas

Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.