Columna en El Líbero: Desmunicipalización de buena calidad

14 de Mayo, 2018

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Por Trinidad Valdés, investigadora de Acción Educar.

La controversia que se ha generado en torno a la desmunicipalización de la educación pública no sólo tiene su origen en la poca claridad de la ley, sino en el objetivo que se busca con este proceso. La explicación es evidente: para el gobierno anterior y la Nueva Mayoría lo importante es el traspaso de los colegios al Estado, y para la actual administración es la calidad. Así, entramos a un diálogo de sordos en el que cada sector interpreta la norma y su espíritu de acuerdo a sus aspiraciones.

Si la calidad de la educación se convierte en un elemento central de la política pública, resulta inentendible la postura de la oposición. ¿Por qué quitar el servicio educacional a una municipalidad que lo hace bien, apostando por un sistema que no se sabe cómo va a funcionar? ¿Por qué exigir este salto al vacío? ¿Por qué no considerar la buena educación que están recibiendo sus alumnos? ¿Por qué privilegiar la forma de administración por sobre el futuro de los estudiantes?

Nadie ha negado que la educación municipal tenga una serie de problemas que el nuevo sistema debe corregir, pero tampoco existen garantías de que esta nueva institucionalidad la vaya a mejorar. Es importante señalar que para postergar su traspaso las municipalidades deben cumplir una serie de requisitos de buena administración y de calidad, a saber: tener al menos un 60% de sus establecimientos con desempeño alto o medio; haber ubicado su matrícula durante los seis años previos en el 30% de mejor desempeño a nivel nacional; no haber registrado obligaciones previsionales impagas durante los 24 meses previos superiores a las 400 UF; que su deuda por el servicio educacional no supere el 5% de sus ingresos anuales. Además, el Ministerio de Educación evaluará anualmente la mantención de los mencionados requisitos y, de no cumplirlos, deberán traspasar el servicio educacional. Esta posibilidad la contempla la propia ley que crea el Sistema de Educación pública, aprobada por la mayoría, y no es una excepción inventada por el ministro para evitar desmunicipalizar. Si las municipalidades no cumplen estas exigencias no podrán mantener la educación y eso nunca se ha puesto en duda.

No hay justificaciones para escandalizarse, ni para señalar que la nueva administración no está comprometida con la educación pública cuando lo que se está haciendo es una evaluación prudente de las realidades municipales. El ministro, al escuchar a los alcaldes, está justamente involucrándose en el proceso y haciéndose cargo de las de las situaciones complejas. La falta de compromiso con la educación pública ocurriría con un traspaso irreflexivo de los colegios que desconociera las buenas gestiones locales. La oposición tiende a olvidar que la responsabilidad del Estado está en lograr que se entregue la mejor educación posible a los escolares y no en concentrar burocracia.

Olvidando la calidad y a las personas se puede entender el empecinamiento en quitar la buena educación del ámbito municipal y entregársela al gobierno central sin ningún tipo de reparos. Por el contrario, para una óptima implementación del sistema es necesario que las buenas experiencias de educación pública sumen y no se eliminen.

Leer columna en El Líbero.

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