Columna en El Líbero: Nuevo crédito estatal; todo puede ser peor

• 12 de Marzo, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

El gobierno de la Presidenta Bachelet trató de cumplir la promesa contraída en la tramitación de la reforma a la educación superior de reformar el Crédito con Aval del Estado (CAE) enviando un proyecto de ley que crea un nuevo crédito estatal para la educación superior.

Se entiende que este proyecto puede ser nada más que un saludo a la bandera, un gesto para decir que se cumplió. Quizás eso ayuda a explicar en parte la serie de problemas que tiene el nuevo crédito y la ignorancia que muestra sobre el sistema de educación superior y su funcionamiento. Lo que es claro es que la sola idea de implementar algo similar a lo que en este proyecto se sugiere equivale a desarticular el sistema de educación superior.

Veamos. En primer lugar, se insiste con la fijación de aranceles. El proyecto establece que el Estado presta a los estudiantes un monto máximo equivalente a un arancel fijado, mientras que las instituciones que quieran que sus estudiantes sean beneficiarios del nuevo crédito, deben ser acreedoras por la diferencia (o por una proporción de ella) entre dicho arancel y el arancel real. En otras palabras, la política obliga al Estado y a la institución a cofinanciar un préstamo al estudiante. Esto es exactamente la misma lógica distorsionadora de la gratuidad: si bien el estudiante no paga nada en el presente, es la institución de educación superior la que debe asumir la pérdida entre lo que el Estado está dispuesto a entregar y lo que de verdad cuesta financiar la carrera. Lo que es más grave, la institución sólo recibirá de vuelta los recursos prestados cuando el estudiante haya terminado de pagarle al Fisco.

La única diferencia con la nociva política de gratuidad, que se proyecta que genere un déficit de $ 68.000 millones en 2018, es que existe una mínima posibilidad de que en lugar de perder esos recursos, las instituciones los recuperen varios años después. Si esto fuera poco, el proyecto condona las deudas pasados los diez años, con algunas condiciones, haciendo muy probable, o casi cierto, que las instituciones nunca vean recuperada su inversión.

En segundo lugar, la implementación de este crédito afecta mucho más duramente a los estudiantes más vulnerables. Ellos no asisten a las universidades del CRUCH, beneficiadas con recursos basales generosos, sino a universidades privadas masivas, no selectivas y profesionalizantes, que el gobierno saliente ha buscado permanentemente descalificar. En general, los estudiantes de estas universidades sólo pueden acceder al CAE para lograr financiar sus estudios. Si las instituciones que los forman accedieran al nuevo crédito estatal, caerían en un déficit financiero tan pronunciado, y en un problema de liquidez inmediato, que probablemente se verían obligadas a cerrar.

Quizás su déficit por alumno no sería tan alto (sus aranceles son comparativamente bajos), pero debido a su masividad, el déficit agregado podría crecer mucho. Debido a esto, el incentivo estaría en igualar su arancel al arancel regulado, disminuyendo directamente la calidad de la formación entregada, limitando su inversión y mejoramiento futuro. El sistema, en su conjunto, perderá cobertura, se achatará y disminuirá en su diversidad y proyección. Por su parte, dado que es improbable que instituciones privadas competitivas y con proyección en investigación adhieran al nuevo crédito, los futuros estudiantes vulnerables verán restringida su posibilidad de elegir instituciones sólo a las gratuitas, acentuándose gravemente la segregación.

Así, es fundamental que el gobierno que está asumiendo simplemente retire el proyecto. El CAE, con todos sus problemas, puede ser corregido sin que implique una demolición acelerada del sistema de educación superior. La fijación de precios, propia de una visión de mundo derrotada en las urnas, debe desaparecer.

 

Leer columna en El Líbero.