Columna en El Mercurio: La paradoja de la gratuidad universal
Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar
Para analizar si las reformas estructurales que se han planteado al sistema de educación superior son adecuadas y necesarias, es útil detenerse e identificar cuáles son esas estructuras que se busca modificar, así como la conveniencia de transformarlas radicalmente. Debemos también examinar qué efectos tendrán esos cambios, tanto en el sistema educacional como en la manera de entender y organizar nuestra sociedad.
Chile tiene un sistema educacional basado en tres pilares esenciales: la diversidad de proyectos educativos, la autonomía para llevarlos adelante y la libertad de los individuos para crear proyectos y optar por los existentes. Esos principios son los mismos sobre los que se levanta una sociedad libre y son los que han permitido el desarrollo de nuestro sistema educacional en los últimos 30 años, pasando de uno elitista y de baja cobertura a uno masivo que ofrece mayores oportunidades a todos los sectores de la población. Aunque el acceso de los más vulnerables sigue siendo limitado en relación con los de mayores recursos, la cobertura para el primer quintil de ingresos pasó de 4% en 1990 a 27% en la actualidad, convirtiéndose la educación superior en un verdadero ascensor de movilidad social, considerando que el salario de un egresado de este nivel de estudios es, en promedio, 2,6 veces mayor respecto de quien solo terminó la enseñanza media.
Ante el desafío de lograr mayor calidad y acceso a la educación superior de los sectores vulnerables, se deben diseñar instrumentos que cumplan ese propósito sin restarle autonomía, diversidad y libertad al sistema. En tal sentido, la política de gratuidad universal que se ha propuesto y cuyos detalles se han anunciado para este año está lejos de ser el mejor instrumento y debe necesariamente revisarse.
De acuerdo al programa de gobierno y a lo que autoridades han anticipado, la gratuidad universal conlleva el reemplazo de las becas y créditos asignados a los estudiantes por recursos que se entregarán directa y únicamente a las instituciones que opten por suscribir un convenio con el Estado. Dicho convenio implicaría, a lo menos, las siguientes restricciones para quienes lo suscriban: la fijación de aranceles por parte del Estado y la imposición de ciertas políticas de admisión de alumnos.
La fijación de aranceles implica la definición de una “universidad modelo” que sirva de referencia para determinar los costos y establecer los recursos que requiere para financiarse. Esta lógica, utilizada para regular los monopolios naturales como los servicios sanitarios, atenta contra la necesaria diversidad del sistema universitario y perjudica el desarrollo y la innovación de las instituciones. Las instituciones se verían forzadas a adecuar sus proyectos a lo que el arancel fijado les permita financiar, resultando con ello una homogeneización del sistema y estableciendo un techo para el desarrollo institucional, arriesgando una baja de la calidad de la educación impartida.
No todas las universidades permitirán que se les fijen los aranceles y, por ende, nada asegura que todas suscriban el convenio con el Estado, lo que generará una división en el sistema entre universidades gratuitas y otras no gratuitas, cuyos alumnos no podrán acceder a otras ayudas estudiantiles como las que hoy existen. Lo paradójico es que esta medida surte el efecto contrario al buscado de tener mayor inclusión y ampliar el acceso, ya que los estudiantes provenientes de familias más vulnerables solo podrán optar entre aquellas instituciones que tengan un convenio con el Estado, viendo limitadas sus opciones. Mientras tanto, los jóvenes de familias con recursos podrán elegir entre pagar o estudiar gratis, contando con toda la oferta de proyectos educativos y accediendo a todas las oportunidades que el sistema ofrece.
El perfeccionamiento de las becas y créditos a los estudiantes, asegurando a quienes tienen menos recursos el financiamiento de su carrera, permite enfrentar el desafío de que ningún joven con mérito quede fuera de la educación superior por falta de recursos, sin afectar el desarrollo del sistema educacional.
Cuando el objetivo es darles a todos mayores oportunidades, lo que se logra con instrumentos como la gratuidad universal es limitar la capacidad de innovación y desarrollo de las instituciones y el acceso de las familias más vulnerables.
Escrito por Raúl Figueroa Salas
Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.
