Columna en La Tercera: Consejos para implementar el programa en Educación

14 de Febrero, 2018

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Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

Quedan pocas semanas para el cambio de mando y es de imaginar que el futuro ministro de educación alterna el descanso con un intenso estudio de las múltiples (demasiadas) materias que esta secretaría de Estado debe abordar. Desde mis propias vacaciones me tomo la libertad de enviarle algunos consejos sobre la implementación del programa de gobierno. Transparento que tuve alguna participación, así como muchos otros profesionales, en las ideas que hacen parte de dicho plan.

El primer consejo es: cuidado con los ‘actores’. Un aspecto característico y positivo de nuestro sistema educativo tanto escolar como superior es que es diverso, descentralizado, mixto, y cuenta con una amplia participación de la sociedad civil. Esto tiene muchas ventajas, en particular, protege y hace efectiva la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos y evita un monopolio del Estado – usualmente indolente, adormilado e ineficiente en ámbitos donde no tiene competencia del sector privado- en educación. Sin embargo, esto también implica un elemento especialmente problemático: la cantidad de intereses en el sistema se cuenta en miles y perfectamente pueden ser todos contrapuestos. Lo anterior no se manifiesta solo en el Congreso, sino que a la hora de hacer realidad el programa de gobierno o al implementar reformas heredadas, es evidente que en la negociación cada uno de estos actores buscará mejorar su posición (lo que puede implicar explícitamente desmejorar la posición de otro) a toda costa. Esto es obvio, pero lo que se debe tener en cuenta es que durante los últimos cuatro años, el Ministerio de Educación ha sido utilizado como una herramienta más para que la sociedad civil, los establecimientos y las instituciones salgan perdiendo en todas y cada una de las negociaciones. En simple, no han sido escuchados y sus observaciones y quejas han sido consideradas ‘señal que avanzamos’ por el Gobierno. El primer consejo, muy afín a la idea de restaurar la confianza de los chilenos en su sistema educativo, es volver a un justo equilibrio al escuchar a los actores privados del mundo educacional. Pero cuidado con los gurúes – tan bienintencionados como grandilocuentes – generosos en eslóganes y humildes en políticas públicas, que rondan en el espacio público.

Ninguno de los problemas de la educación es simple, y no basta con ridiculizarlos con expresiones exageradas para salir en la prensa para solucionarlos. Cuando escuche una frase que suene demasiado bien, pise el freno.

El segundo consejo es implementar el ‘espíritu’ del programa. Si bien este documento tiene muchas ideas que admiten diversas formas de realización, y que muchas son discutibles, lo más relevante son los pilares que lo fundan: libertad, justicia, progreso, solidaridad y confianza. La coalición que asumirá el gobierno no tendrá mayoría en el próximo Congreso, y digan lo que digan, es obvio que la futura oposición aplicará la tradicional política de ‘negar el pan y el agua’ con especial entusiasmo. No podrán despacharse demasiados proyectos de ley, por lo que el centro de la tarea será la implementación de las leyes heredadas. Por una parte, las reformas son técnicamente débiles y probablemente tengan muchos cabos sueltos (la Ley de Inclusión es la mejor demostración). Por otro, estas reformas se hicieron sin dimensionar la magnitud de la tarea que se propusieron. La desmunicipalización y la regulación de aranceles en educación superior serán tareas de enorme complejidad y a total contrapelo de las ideas del programa de gobierno.

Una solución posible es intentar plasmar, en la implementación y reglamentación de estas reformas, las ideas, principios y pilares del programa, que apuntan en la dirección correcta. La sociedad civil estará especialmente vigilante a lo anterior, dado que el nuevo gobierno tendrá dos desafíos en la puesta en marcha de las reformas: moderar dentro de lo posible los efectos negativos que se han adelantado (regresividad en el gasto público, diminución de la diversidad del sistema, disminución de la libertad de los padres y la autonomía de las instituciones, entre otras) y al mismo tiempo, monitorear, mostrar y explicar a la opinión pública los efectos negativos de estas normas y hacer urgente la necesidad de que el Congreso se allane a reformarlas y ajustarlas a la realidad.

 

Leer columna en La Tercera.

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