Columna en La Tercera: La frase del bingo

25 de Julio, 2018

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Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Las recientes declaraciones del ministro son desafortunadas para su sector político, pues ridiculizan una visión legítima de la política educacional en una magnitud en la que ni los adversarios lo hacen. Lo referido al bingo es especialmente doloroso, porque banaliza una situación de precariedad muchas veces invisible. Pero en sí, la declaración no es falsa. Al contrario de lo que pidió el ministro, creo que lo más sano es justamente quedarse en la literalidad de las palabras, y no especular ni sacar conclusiones.

Nuestro sistema escolar es, por diseño, descentralizado. La figura clave en términos de gestión es el sostenedor, que es eminentemente local. Al menos en el papel, las reformas que se han llevado a cabo en los últimos periodos no modifican esto. La Ley de Inclusión aumentó la dependencia económica de los establecimientos hacia el Fisco (dada la prohibición del copago) y agregó restricciones que vulneran la autonomía, pero dentro de ese marco las decisiones siguen siendo tomadas por el sostenedor local. En la Nueva Educación Pública -que desmunicipaliza la educación fiscal- se crean nuevos sostenedores en forma de Servicios Locales, que, si bien son bastante más grandes que las comunas, al menos tienen la intención de tener una mirada del territorio. La Agencia de Calidad de la Educación cuenta con cinco Macrozonas a lo largo del país, que organizan las visitas de orientación a los establecimientos.

En un sistema de estas características, no le corresponde al Ministerio de Educación solucionar directamente problemas de carácter local. Su responsabilidad respecto de asegurar que sean posibles condiciones mínimas de calidad obviamente existe, dado que ir a la escuela es un derecho, es obligatorio y todos pagamos impuestos para financiarlo. Y para ello el ministerio cuenta con diversas herramientas de política. El principal instrumento es la subvención escolar, la que en teoría debe cubrir los costos de educar, incluyendo obviamente la infraestructura. Como aquello no ha sido el caso, y ha habido además varios devastadores terremotos, también existen fondos específicos destinados a esta materia. Incluso la Superintendencia, que por definición es una presencia activa del Estado en el establecimiento con la finalidad de asegurar derechos, tiende a favorecer la redacción de protocolos, la mediación y la solución interna de los conflictos antes que la intervención centralizada. En Chile, el Estado se hace responsable de los establecimientos, solo que no de manera directa. El responsable es el sostenedor que recibe la subvención desde el bolsillo de todos los chilenos.

Sin embargo, nuestro sistema político es muy poco coherente con esta visión, y las personas lo notamos fácilmente. La figura del poder Ejecutivo central es excesiva, y nos hemos acostumbrado a endosarle a las autoridades ministeriales problemas públicos y privados, internos y externos, de Arica a Punta Arenas. La centralización de los medios de comunicación tampoco ayuda. Si se cae un puente, los medios son ágiles en buscar la opinión del Ministerio de Obras Públicas. La opinión pública espera, en consecuencia, que el ministro se “apersone”. La autoridad local, remunerada especialmente para ello y con mayor conocimiento de la zona, queda en general desplazada. Recordemos, finalmente, la figura del “delegado presidencial” para los desastres. Es evidente que la autoridad local queda constantemente relegada.

Este problema, que en el sistema escolar se manifiesta como una tensión en la economía política y en la gobernanza del mismo, genera la desesperación los ministros. Y los lleva a preguntarse por qué se le exige algo que no pueden hacer.

Leer columna en La Tercera.

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