Columna en La Tercera: Prioridades en la información de logros de aprendizaje

• 26 de Abril, 2017

Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.

La Agencia de Calidad de la Educación ha anunciado que este año se entregarán los resultados Simce en conjunto para todos los niveles, un objetivo importante que es necesario valorar. Si bien no todos los establecimientos tendrán la capacidad de analizar el importante volumen de datos con la misma precisión, más información ayuda a los establecimientos y sostenedores a tomar mejores decisiones.

Es interesante, además, notar que la Agencia de Calidad de la Educación está volviendo a dedicarse a las labores que le encarga la ley y no a otra cosa. Vamos por parte.

En primer lugar, esta institución demoró dos años, con complicidad del Ministerio de Educación, en publicar la clasificación de los establecimientos educacionales según mandata la ley. Esto llama la atención, porque la clasificación de los establecimientos es una manera mucho más justa de evaluar los colegios que el Simce. Incluye elementos como la formación ciudadana, el clima escolar, la equidad de género, además de considerar el nivel socioeconómico de los estudiantes, una de las críticas centrales al Simce. ¿Por qué la Agencia demora el acceso de las familias a esta herramienta, que a todas luces es mejor que el Simce?

En segundo lugar, además de tardarse en cumplir la ley, lo ha hecho de manera incompleta. Por ejemplo, tanto la “amplia difusión” como la comparación entre establecimientos que la Ley 20.529 considera es dificultada por el sitio web que utiliza la Agencia para la publicación de la clasificación. La ley es explícita al indicar que para padres y apoderados “se incluirá información sobre los establecimientos de la misma comuna y de comunas cercanas” (Art. 20). Sin embargo, el portal actual solo permite ver promedios comunales y algunas estadísticas, pero dificulta considerablemente la comparación: se espera que el apoderado sepa el nombre de todos los colegios con los que quiera comparar y debe ingresarlos y visualizarlos uno a uno. De seguro la informática permite un sistema más práctico, transparente y adaptado a las necesidades de los padres. No se entiende la tendencia de la Agencia de Calidad por descuidar el espíritu de la ley.

En tercer lugar, a través de glosas de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2017 (algo que parece ser ya una tradición) el gobierno ha deformado la labor de la Agencia de Calidad. Por ejemplo, se le ha dado una tarea “formativa” que la ley no le otorga, desviando recursos de su labor evaluadora. Además, se ha limitado el uso de la información, su formato de publicación y, para colmo, se ha pretendido desautorizar el Plan de Evaluaciones (atribución que reside en última instancia en el Consejo Nacional de Educación) prohibiendo el Simce de 2° básico. Todo lo anterior es lamentable, y muestra cómo el Ministerio de Educación ha desdibujado la lógica del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. La Agencia debe dejar de distraerse en labores propias de los establecimientos, como la evaluación de aula, y dedicarse a lo que la ley le exige.

Uno esperaría, en realidad, que el Ministerio se dedique a aplicar a cabalidad la ley, aunque no sea del agrado de las autoridades políticas de turno. La prueba siguiente serán las visitas de orientación de los establecimientos educacionales de Desempeño Insuficiente, que se acaban de anunciar (es de esperar que los padres de los estudiantes que asisten a esos establecimientos hayan sido informados, según mandata la ley). Aunque uno no debiera, dados los antecedentes vale la pena recordar: los informes deben ser públicos.

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