Diario Financiero: Gratuidad, la encrucijada de las universidades

• 27 de Abril, 2018

Cuando la Ley de Educación Superior se promulgue los planteles deberán decidir si siguen o no adscritos. Pese al déficit que se ha generado, aún se descarta pensar en una salida.

Por K. Peña

Cuando la gratuidad en la educación superior entra en su tercer año desde su puesta en marcha, uno de los indicadores que más ha impactado en las 33 casas de estudios adscritas a esta política es el déficit en sus ingresos, debido a la diferencia entre el arancel regulado por el Ministerio de Educación y el real de las carreras. Según Acción Educar, el déficit acumulado en los planteles por la implementación de la gratuidad vía glosa presupuestaria llega a $ 38.217 millones, situación que tras la aprobación de la reforma a la educación superior podría empeorar.

La proyección del centro de estudios es que este año se podría alcanzar incluso a US$ 113,8 millones de merma. Desde el 2016, hay 33 universidades adscritas a esta política y otros 13 corresponden a institutos profesionales y centros de formación técnica. La mayor cantidad de beneficiados el año pasado se concentró en las universidades estatales con 83.303 estudiantes, mientras las instituciones privadas tienen 28.312 alumnos con este beneficio.

Pese a los reacomodos que tuvieron que hacer estos años los planteles para asumir su nueva realidad económica, la inminente promulgación de la ley -después que ayer el Tribunal Constitucional entregara los detalles tras su control de legalidad- los está dejando en una calle, aparentemente, sin salida. ¿La razón? Cuando se adhirieron a la gratuidad vía glosa presupuestaria se estableció que no se regularían precios que cancelan los alumnos no beneficiados con esta política pública. Pero la nueva ley cambió esta realidad y estableció que se fijarán esos aranceles por parte del Estado, lo que amenaza con aumentar los déficit. El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, es enfático:

‘El impacto definitivo de la gratuidad sobre las instituciones no se ha medido todavía, pues la medida más gravosa -la fijación de los aranceles para los estudiantes no beneficiados- no ha entrado en operación’. Pero desde ya se observa que habrá un grupo de planteles que se verá más resentido. Rodríguez explica que las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) en su mayoría tienen en gran parte resuelto el problema gracias a los aportes basales que reciben, lo que les permite compensar el déficit que genera gratuidad.

Donde estará el hito interesante, dice Rodríguez ‘es en la reacción de planteles como la U. Diego Portales y la U. Alberto Hurtado, ya que ellos internalizaron el déficit financiero que les genera los alumnos gratuitos, pero no están preparados para que este cambio de reglas de la regulación de precio de los no beneficiados’. ‘Que la nueva ley de educación superior fije los aranceles para todos los alumnos, con o sin gratuidad, y de la misma manera limite burocráticamente la matrícula, afecta la autonomía uni- versitaria y además la sustentabilidad institucional’, sostiene el rector de la U. Autónoma, Teodoro Ribera.

¿Arrancar o seguir?

Este tipo de planteles deben lidiar además con que no reciben aportes basales, lo que se estima les pone más presión a evaluar una posible salida de este sistema, considerando que se espera la promulgación de la norma en los próximos días, lo que echará a andar el plazo de 60 días que tienen para retirarse. La disyuntiva no es fácil de resolver. Si bien algunos planteles que se verían afectados aseguran que actualmente no está en evaluación salirse de esta política, si es que en algún minuto se concreta una salida, los expertos advierten que podría detonar en un conflicto con el resto de la comunidad universitaria.

El investigador de Política Educativa de Educación 2020, Ariel Ramos, hace un balance positivo de esta política pública, pero dice que tiene un aspecto negativo, el que ‘se relaciona con las diferencias existentes entre los aranceles regulados (que cubre la gratuidad) y los reales de los planteles’. El experto plantea que se deben revisar los mecanismos de definición de estos parámetros y que el país debe avanzar hacia un modelo donde el arancel por estudiante sea menos relevante que el aporte basal.

El balance de los rectores

Aunque hay un consenso claro entre las universidades que se adscribieron en cuanto a que esta política es un avance significativo en términos de integración social, no se desconocen las amenazas. Para el rector de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva S.J., la principal dificultad es el financiamiento. ‘El diseño actual no es viable ni para el Estado que debe financiar un gasto que compite con otras necesidades, ni para las universidades que se adscriben a la gratuidad’, dice.

En su casa de estudios, cuenta, estar adscritos a esta política les produce anualmente un déficit de unos $ 1.500 millones, el que ha sido mitigado con mayor eficiencia y postergando proyectos de desarrollo. El rector de la U. Finis Terrae, Cristian Nazer, hace un balance positivo pero ve que han existido vacíos importantes: ‘Se implementó una política pública relevante sin antes diseñarla’. Agrega que se adscribieron a la gratuidad por ‘fidelidad misional’, pero reconoce que lo hicieron con gran incertidumbre y escasa información.

Con el compromiso suscrito, dice que la gratuidad ha significado para su casa de estudios una serie de ‘reacomodos’ y, si bien sus planes de desarrollo avanzan, los hacen de manera más lenta. ‘Esto nos ha llevado a diferir diferentes proyectos en el ámbito de infraestructura y a establecer una política de austeridad en los gastos corrientes’, afirma. En la U. de Chile aseguran que con la gratuidad no ha habido impacto significativo. ‘Si no hubiera gratuidad, los ingresos por aranceles de pregrado serían muy similares a los que recibimos con gratuidad’, dice el vicerrector Económico y de Gestión Institucional de la U. de Chile, Daniel Hojman.

 

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