El Líbero: “En el tema de la gratuidad no se cumple ninguno de los requisitos de una política pública adecuada”
Por I. Schaub
160 mil se espera que sean los alumnos que finalmente accedan a la gratuidad, según lo confirmó esta semana la ministra de Educación (s), Valentina Quiroga, quien además explicó que a fines de abril se conocerá la cifra total.
Si bien en un principio el compromiso era que fuesen 264 mil los beneficiados, nuevamente el número fue rectificado, y aún hay 66 mil estudiantes pendientes; hechos que para el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, sólo obedecen a la tónica que ha llevado el gobierno. “Esto tiene que ver con el aspecto formal de la implementación, es consecuencia de la improvisación que ha caracterizado este proceso”, comenta a “El Líbero“.
Además, el experto explica que el problema de conocer las cifras finales ya iniciado el año estudiantil genera incertidumbre tanto en los estudiantes como en las instituciones. “En abril aún no va a haber claridad del verdadero impacto del déficit que esta política puede generar en las universidades… Es fácil pensar que las consecuencias de este proceso en el largo plazo van a ser más negativas que positivas”, explica.
– La ministra de Educación (s) dijo que ahora se espera que finalmente sean 160 mil los estudiantes que accedan a la gratuidad, pero cuando se aprobó la ley corta de gratuidad en el gobierno señalaron que serían 180 mil estudiantes y antes de eso, en el discurso del 21 de mayo, se indicó que serían 264 mil los beneficiados. ¿Por qué se han producido estos cambios?
– Esta información, que ha ido cambiando en el tiempo, da cuenta de la desprolijidad con que se ha llevado esta reforma en educación superior, donde se empiezan a ver efectos negativos tanto en los aspectos formales, con la incertidumbre que esto ha generado para los jóvenes que no sabían en qué situación se encontraban, si iban a poder acceder o no a algún beneficio; y también se comienzan a ver los problemas de fondo de diseño de esta política que tienen que ver con el desfinanciamiento que produce en las instituciones. Estamos viendo que las universidades que adhirieron a la gratuidad están empezando a ver cómo van a ser capaces de recuperar o no los fondos que ya no van a recibir. El objetivo de fondo que queremos para la educación superior es efectivamente contar con un sistema que asegure el acceso a los más vulnerables y que también les asegure la posibilidad de escoger cuál es la mejor alternativa que tienen para seguir sus estudios. Lo grave es que la política de gratuidad lo que hace es restringir las oportunidades para los más vulnerables, forzándolos a escoger dentro de un determinado grupo de instituciones –porque son gratuitas- y dejando otras alternativas, que a lo mejor en términos de lo que ofrecen son mejores para esos alumnos. Eso es gravísimo, porque el Estado no sólo tiene que asegurar financiamiento para que los más vulnerables accedan a la educación superior, sino que sobre todo tiene que asegurar que esos mismos jóvenes van a poder contar con la mayor cantidad de posibilidades y opciones para poder elegir cómo seguir adelante en sus estudios, cuestión que la política de gratuidad no asegura y, al contrario, restringe.
– En los borradores de la reforma se encuentra la eliminación del CAE. Ante este nuevo escenario que podría llevarse a cabo, a juicio suyo, ¿la situación podría empeorar?
– Efectivamente. En esto es muy importante no perder de vista lo que el mismo gobierno ha señalado, que la gratuidad a través del Presupuesto 2016 es el primer paso para un cambio paradigmático en la educación superior chilena. Y ese cambio de paradigma se traduce, entre otras cosas, en que el financiamiento público se restringe exclusivamente a las instituciones que adhieren a las condiciones que el Estado impone. Por lo tanto, las universidades que no estén dispuestas a adherir a esas condiciones, no adhieren a la gratuidad y pierden las universidades y sus alumnos toda la posibilidad de acceder a fondos públicos para financiar el pregrado. Eso, en el borrador que está circulando para el proyecto del próximo año, se traduce en una cuestión muy concreta que es la eliminación de los sistemas de becas y créditos para los alumnos que optan por universidades que no han adherido a la gratuidad.
– ¿Se puede estimar alguna cifra de los alumnos que se verían perjudicados si se aplica esta nueva política?
– No está claro, depende de cuantas adhieran a la gratuidad. Pero si tú lo consideras hoy, sería el grueso de las universidades que está fuera del Consejo de Rectores -entiendo que las que están en él adhirieron a la gratuidad y les va a resultar muy difícil salirse-. Pero lo más complejo, más que el número de alumnos, cuando en régimen -de acuerdo a ese borrador- no existan posibilidades de acceder a financiamiento que no hayan adherido a la gratuidad, lo que tú estás haciendo es mantener todas las opciones abiertas para los jóvenes de familias con recursos y restringir las opciones para los jóvenes de familias de menos recursos, que si estos últimos quieren estudiar no van a tener otra alternativa que ir a las universidades que el Estado les señale por el hecho de que han adherido a los convenios de gratuidad. Entonces el objetivo de tener mayor inclusión se pierde y, al contrario, generas un sistema mucho más segregado, donde las oportunidades están siempre disponibles para los que tienen recursos y limitadas para los que no tienen. A mi juicio es una política aberrante en términos de acceso a la educación superior.
– De los alumnos que accederán este año a la gratuidad, aún hay 66 mil pendientes y recién el 27 de abril se conocerá la cifra final…
– Eso tiene que ver con el aspecto formal de la implementación de esto que es un poco la consecuencia de la improvisación que ha caracterizado este proceso. La verdad es que es difícil de entender que en una política de esta importancia, los datos básicos para poder administrar estos cambios no hayan estado disponibles, que el gobierno teniendo la información no haya sido capaz de administrarla adecuadamente, y que haya generado un nivel de incertidumbre en los jóvenes y en las instituciones que impide el mejor desarrollo del sistema educacional chileno.
– En relación a las instituciones, el gobierno indicó que el decreto de transferencia ya fue firmado y que se entregará un monto de alrededor de $200 mil millones a todas las universidades que accedieron a la gratuidad, que corresponde al 50% de los recursos totales. ¿Qué problema le puede generar a las instituciones no recibir el total del dinero y a esto sumarle que no se conoce la cifra total de los alumnos que serán beneficiados?
– Los problemas son evidentes y es que se mantiene la incertidumbre respecto de un número importante de alumnos de si van a ser o no beneficiados por esta gratuidad. Y eso impacta tanto en las instituciones como en los alumnos. En el caso de las primeras es porque les resulta mucho más difícil proyectar sus flujos de ingreso. Y en los alumnos, porque lo que deja en evidencia esto es que hay un número importante de ellos que todavía no saben si van a tener que pagar o no van a tener que pagar, si van a tener que pedir un crédito o no van a tener que hacerlo; y eso evidentemente que es absurdo. Lo que necesitan los estudiantes es tener claridad de cómo van a seguir adelante y podría perfectamente un estudiante que se le dice de inmediato que no va a tener acceso a la gratuidad, programarse para postular a las becas, a los créditos y concentrarse en lo que le interesa, que es sacar adelante sus estudios. Por lo tanto, es un inconveniente y muy poco adecuado para la implementación de una política que, según el propio gobierno que la está impulsando, es emblemática.
– En su opinión, ¿fue todo muy por sobre la marcha?
– Claro. Todas las políticas públicas requieren tener un buen diagnóstico, tener una implementación adecuada y ser acorde con los objetivos que se busca. En el caso puntual de la gratuidad que se está implementando ahora, no se cumple ninguno de los requisitos de un adecuado diseño de política pública. El diagnóstico está equivocado, pues Chile tiene un muy buen acceso de jóvenes vulnerables, por lo tanto no se necesitaba un cambio radical en la política de financiamiento, sino que un perfeccionamiento de esa política. Está también equivocado en la manera que esta política se está implementando, ya estamos viendo cómo día tras día la información que se entrega desde las autoridades es confusa y equívoca. Y sobre todo está equivocada en el diseño en cuanto a que los objetivos que se buscan, que son tener mayor calidad y equidad en el sistema, a través de la política de gratuidad que se quiere implementar, no se van a conseguir y, todo lo contrario: se le está poniendo un techo al desarrollo de las instituciones, generándoles un desfinanciamiento que van a tener que empezar a ver cómo lo van a abordar y se genera a la larga un sistema mucho más segregado, donde los jóvenes de menores recursos tienen menos opciones que los jóvenes más aventajados en términos económicos, porque ellos sí tienen todas las posibilidades abiertas y los más vulnerables ven limitadas sus opciones exclusivamente a lo que el Estado les quiere entregar.
– Cuando en abril se entregue la cifra total de alumnos que accedieron a la gratuidad, ¿cree usted que se podrá evidenciar mejor cómo se llevó a cabo esta política?
– Se supone que en abril debiesen haber datos más precisos de la cantidad de jóvenes que efectivamente accedieron al beneficio, pero yo creo que en abril aún no va a haber claridad del verdadero impacto del déficit que esta política puede generar en las universidades. Por lo tanto, en abril a lo mejor vamos a tener un poco más de información, pero las consecuencias de este proceso las vamos a ir viendo en el tiempo y, lamentablemente, es fácil de pensar que esas consecuencias en el largo plazo van a ser más negativas que positivas.
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