Director ejecutivo de AcciónEducar expone ante comisión de educación del Senado sobre proyecto de reforma escolar

• 5 de Noviembre, 2014

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar expuso durante la mañana del 5 de noviembre de 2014 ante los parlamentarios de la comisión de Educación del Senado sobre el proyecto de ley que prohíbe el lucro, el copago y la selección en los colegios subvencionados.

En la oportunidad se refirió a la importancia de conocer el contexto en el que esta reforma se lleva a cabo, destacando los avances que ha tenido el sistema educacional chileno en las últimas décadas, la necesidad de perfeccionarlo sin desconocer esos progresos y los desafíos que se deben enfrentar. Luego realizó un análisis de los principales objetivos del proyecto de ley, haciendo ver que en los términos en que el proyecto está redactado estos no se cumplen, sino que por el contrario se ven afectados.

Antecedentes de contexto para evaluar el sistema educacional chileno

Chile ha mostrado avances importantes en las últimas décadas en indicadores relevantes como la cobertura, resultados de aprendizaje y en la reducción de las brechas entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos.

Respecto a la cobertura escolar, el 88% de las personas entre 25 y 34 años tiene educación media completa, superando el promedio de la OECD según datos de Education at a Glance 2013. Chile es de los países con mayor avance en los últimos años en esta materia.

En mediciones internacionales del nivel de aprendizaje que alcanzan los alumnos Chile por primera vez alcanzó en la última prueba PISA el primer lugar de Latinoamérica en todas las áreas evaluadas: Matemática, Lectura y Ciencias.  Aunque aún la distancia con los países desarrollados es grande,  Chile es junto a Brasil y Letonia el país que ha mejorado de manera más acelerada sus resultados, cerrando las brechas existentes con los países líderes.

En materia de equidad, se ha visto una positiva disminución en las diferencias en los aprendizajes de los alumnos más vulnerables respecto de los provenientes de familias de mayores ingresos; así,   la brecha en Simce Lectura 4° básico, entre los estudiantes que provienen del 10% de menores ingresos con aquellos del 10% de mayores ingresos se ha reducido en cerca de 30% entre 1999 y 2011.

“Se ha instalado que nuestro sistema educacional es el más segregado, sin embargo hay que analizar ese dato en contexto. Con datos de la prueba PISA a nivel Latinoamericano se ve que Chile tiene mayor segregación, sin embargo esto se explica porque el país tiene también niveles de cobertura muy por sobre el resto de los países. Esto es relevante porque para medir el nivel de segregación se considera a todos los alumnos que dieron la prueba PISA y en Chile eso implica considerar a todos los niños, en cambio en países como México por ejemplo, un tercio de los jóvenes están fuera del sistema educacional y por lo tanto no fueron considerados en la medición. Son justamente los más vulnerables los que están fuera del sistema y por lo tanto, al no ser considerados en la muestra la segregación en esos países parece menor”, explicó Figueroa, agregando que a pesar de ello el sistema requiere avanzar con políticas que lo hagan más inclusivo y menos segmentado.

Además destacó que “en educación escolar, a diferencia de lo que sucede en educación superior, se ha avanzado en el desarrollo de una institucionalidad que busca justamente presionar por una mayor calidad y equidad del sistema. Se trata de la ley de Aseguramiento de la Calidad, que permitió la creación de la Agencia de la Calidad y la Superintendencia Escolar. Esta política, que se gestó en el primer gobierno de la actual Presidenta y culminó su tramitación durante la administración del Presidente Piñera,  fue fruto de una revisión a fondo del sistema y de lo que se requería para mejorar. Nos parece que para llevar adelante reformas profundas como las que se están discutiendo hoy en Chile, es necesario esperar a que la política de Aseguramiento de la Calidad se desarrolle y entregue resultados. Hay que recordar que ésta, lo que hace, es poner el foco donde se requiere, que es presionar a los establecimientos pero considerando sus resultados de aprendizaje y otros indicadores de calidad y reforzando la fiscalización”.

El director ejecutivo comentó también que entre los desafíos urgentes que tiene Chile está mejorar los aprendizajes de los alumnos, atraer y retener a mejores docentes al mismo tiempo que promover el desarrollo profesional de los que están actualmente en ejercicio, ampliar las oportunidades de acceso a una educación de calidad a los más vulnerables y hacer de la educación pública una alternativa real para las familias.

Efectos del proyecto de ley de reforma escolar

El director ejecutivo de Acción Educar sostuvo que “tal cual como está el proyecto de ley se pueden identificar una serie de efectos negativos que atentan contra los propios objetivos declarados en la iniciativa legal que son mejorar la calidad e inclusión y aumentar las posibilidades de elección de las familias”.

Ante este escenario hizo un llamado a los senadores a “aprovechar la oportunidad que tiene esta comisión de identificar estos efectos y hacerse cargo de ellos para evitarlos. En educación las consecuencias de una mala política se pueden apreciar a mediano y largo plazo, cuando ya es muy tarde, por eso es tan importante discutir los proyectos en profundidad, contar con toda la evidencia posible para fundamentar los cambios y generar medidas que cuenten con el consenso necesario para asegurar su estabilidad en el tiempo”.

Algunos de los  efectos negativos mencionados en la exposición son los siguientes:

1. Se dificulta la operación de establecimientos de buen desempeño: Un reciente estudio de AcciónEducar concluyó que existen más de mil colegios particulares subvencionados con fines de lucro y con buen desempeño SIMCE según su nivel socioeconómico. En sus aulas estudia el 56% de la matrícula de dicho sector. El proyecto de ley identifica el lucro como un factor que empeoraría la calidad de la educación,  sin embargo los datos muestran que existen colegios con fines de lucro que tienen buenos resultados y que son un aporte para sus comunidades. Con la prohibición del lucro se generarán fuertes dificultades e imposiciones innecesarias a los sostenedores que están organizados como sociedades comerciales, sin distinguir si son colegios buenos o deficientes, corriéndose el riesgo de que buenos colegios cierren y desviándolos de lo que debiera ser su objetivo central que es mejorar los aprendizajes y la calidad de la educación que entregan.
2. Al menos 1.607 colegios con fines de lucro deberán en promedio duplicar el gasto que realizan hoy por concepto de infraestructura, sin mejorarla, incluso si destinan a ello todas sus utilidades. Esto debido a la imposición que establece el proyecto sobre que los sostenedores deben ser dueños del recinto donde funcionan. Estos establecimientos deberán pagar ese adicional con cargo a la subvención escolar, restándole recursos a otros aspectos como incentivos a los profesores o recursos educativos, con lo que se vería disminuida la calidad de la educación que ofrecen. La otra opción es que decidan cerrar porque no pueden asumir ese gasto.
3. El proyecto reemplaza fondo privados por públicos, sin incrementar los recursos del sistema: Al eliminar el financiamiento compartido se restan cerca de US550 millones de dólares anuales, fondos que aún son muy relevantes en el contexto chileno. El copago nace en 1993 para inyectar recursos porque el país estaba muy por debajo del gasto que se requería para mejorar la educación escolar. Esa necesidad sigue existiendo hoy donde la inversión pública y privada que hace Chile respecto al PIB es menor que el promedio de la OCDE e incluso el gasto por alumno es el tercero más deficiente, quedando por debajo del que le corresponde por su nivel de desarrollo. Raúl Figueroa señaló que existen mejores alternativas para eliminar la barrera de entrada que significa el copago para algunas familias, por ejemplo promoviendo que el Estado aumente la subvención para los alumnos vulnerables y de clase media haciéndose cargo éste del copago, pero sin prohibir que quienes puedan aportar lo hagan, con lo que se lograría sumar y no restar o sólo reemplazar recursos.
4. Se desconoce la combinación virtuosa entre la subvención escolar preferencial (SEP), becas y financiamiento compartido que genera inclusión en el sistema: A través de la subvención escolar preferencial o la obligación de becar a un 15% de los alumnos en los establecimientos que cobran copago, como sucede actualmente, se logra que existan colegios inclusivos, es decir, donde se reúnen alumnos de distintos niveles socioeconómico, tanto aquellos que provienen de familias de menos recursos que estudian de manera gratuita con los apoyos antes mencionados y otros que provienen de familias de mejor situación que pueden aportar con copago. El proyecto de ley al eliminar el financiamiento compartido genera que colegios subvencionados con copago alto cuenten con menos recursos para funcionar y es alta la posibilidad de que decidan pasar a ser particulares pagados. Por lo tanto se marginarían del sistema subvencionado colegios que hoy logran altos niveles de inclusión y diversidad en su matrícula.
5. Limita las opciones de los padres: El proyecto de ley, al restringir la creación de nuevos establecimientos subvencionados, acota las opciones de elección y en zonas donde no hay colegios con buenos resultados académicos, se dificulta la entrada de sostenedores con capacidad de hacerlo bien. Además al prohibir el lucro, pone en riesgo a estos colegios, que en 56 comunas significan la única oferta de educación particular subvencionada.

Finalmente, Figueroa hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación a entregar información que resulta fundamental para evaluar el proyecto de ley y sus posibles efectos: “Existe mucha incertidumbre que en parte se ha generado por falta de información. Para saber cómo se comportarán los sostenedores, saber si están en riesgo de cerrar o no, es crucial contar con información precisa de la manera en que éstos están organizados, por ejemplo saber si son dueños de los recintos o arriendan, cuantas utilidades retiran, entre otros. Con estos datos se puede tener una aproximación más certera de las consecuencias de la reforma propuesta. Los datos hoy expuestos entregan pistas sobre estos efectos, pero hacen falta más y es importante contar con ellos durante la discusión del proyecto y no después de que se apruebe. El ministro ha dicho que las consecuencias del proyecto solo se pueden ver después de que éste se apruebe, pero creo que lo responsable es transparentar la información necesaria y prever los efectos negativos ahora, durante la discusión de la iniciativa, para poder hacerse cargo de éstos y evitarlos”.

Puedes ver la intervención completa pinchando aquí y también compartimos la presentación que acompañó la exposición.