“El gobierno ha decidido avanzar sobre la base de discriminaciones que no tienen justificación e insistiendo en mecanismos cuyos efectos son negativos”

Del discurso presidencial del 21 de mayo, se desprenden aspectos positivos y otros negativos. Lo que vale la pena destacar es que el gobierno ha dado señales de que ha decidido focalizar el gasto público en el grupo de alumnos que más lo necesita, dejando de insistir, por ahora, en una gratuidad universal que implica el financiar la educación superior del 100% de los estudiantes, tanto los más vulnerables como los que vienen de familias más acomodadas.

Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, sostuvo que “enfocar los recursos en los alumnos vulnerables es requisito fundamental para no caer en políticas regresivas. Un sistema de financiamiento estudiantil que signifique cubrir los estudios de los estudiantes de más recursos es una política pública errónea porque son justamente ellos quienes se encuentran en mayor medida en la educación superior, por lo que el gasto se concentraría en ellos”

En efecto, un estudio de Acción Educar concluye que un tercio de los recursos que se destinarían a la gratuidad universal serían sólo para financiar las carreras de los jóvenes del 20% más rico, quienes representan un 30% del total de la matrícula universitaria.

Sin embargo, la mala noticia es que el gobierno ha decidido avanzar sobre la base de discriminaciones arbitrarias entre estudiantes e instituciones.

En el caso de las universidades, el gobierno anunció que financiará la gratuidad sólo de los alumnos del 60% más vulnerable que se encuentran en universidades del Consejo de Rectores (Cruch), dejando fuera a más de 150 mil estudiantes de igual condición socioeconómica por el solo hecho de que han optado por universidades privadas fuera del Cruch.

“Es muy preocupante ver que el gobierno ha decidido avanzar sobre la base de discriminaciones que no tienen justificación e insistiendo en mecanismos cuyos efectos son negativos. No necesariamente el que una universidad pertenezca al Cruch es garantía de calidad. Existen instituciones que no pertenecen al Consejo y que tienen más años de acreditación que algunas que sí lo están o generan un mayor aporte en investigación. Aquí se discrimina bajo criterios arbitrarios tanto a las instituciones como a los alumnos”.

Además, el gobierno ha confirmado que para entregar la gratuidad se abandonará el sistema de becas, pasando a un financiamiento directo a las instituciones. Este modelo genera una serie de efectos negativos porque restringe la posibilidad de elegir de los jóvenes y, mediante la fijación de aranceles, impacta negativamente en la calidad, autonomía y diversidad del sistema de educación superior.

Para establecer gratuidad universal se requiere necesariamente utilizar una fórmula común para la asignación de recursos, lo que siempre va a generar consecuencias arbitrarias, especialmente en un escenario como el chileno donde las instituciones son muy diversas. Las fórmulas son ciegas captando diferencias, solo establecen recursos de acuerdo a ciertos parámetros definidos, pero cualquier parámetro que no esté en la fórmula no se toma en cuenta y no se reflejará en la entrega de fondos. Por lo tanto, un sistema de financiamiento de este tipo va generando una homogeneización de los distintos proyectos educativos que hoy existen, restando diversidad al sistema, y se impone desde el Estado un techo de financiamiento para el desarrollo institucional, arriesgando de esta forma una baja en la calidad de la educación.