Columna en El Líbero: Cierre de universidades

• 23 de Octubre, 2017

Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

A la luz de las últimas informaciones respecto de las dificultades financieras por las que atraviesa la Universidad Iberoamericana, es interesante detenerse a reflexionar sobre cómo disminuir los efectos adversos de este tipo de fenómenos en los grupos involucrados (principalmente alumnos y funcionarios) y en todo el sistema de educación superior.

En primer lugar, no es correcto juzgar a todo el sistema por las instituciones que fallan. Es importante tener claridad de que se trata de una situación excepcional, en un sistema que en su conjunto se ha mostrado estable y provee una formación de calidad a los estudiantes. Si bien en un sistema amplio y diverso como el nuestro, la tendencia general de las instituciones de educación superior ha sido a la consolidación, han existido casos como estos y pueden seguir repitiéndose en el futuro. Que instituciones de educación superior que no logran financiarse o que toman decisiones equivocadas cierren no es negativo en sí mismo, considerando que la alternativa es que el Estado dedique recursos a sostenerlas artificialmente cuando no están cumpliendo su rol. Pero sí es responsabilidad del Estado resguardar los derechos de los estudiantes.

El sistema de aseguramiento de la calidad, responsable de dar fe de la viabilidad de los proyectos, debe apuntar a que estos sucesos sean cada vez más reducidos, y al mismo tiempo, debe contar con herramientas adecuadas para proteger a los alumnos y funcionarios comprometidos con el proyecto. Es posible, por ejemplo, subir las exigencias de acreditación actuales, en particular en materias financieras, lo que evita que el sistema entregue señales incorrectas a los estudiantes.

Respecto de las herramientas para asegurar los derechos de los estudiantes, la solución de asignar un administrador provisional no ha dado resultados satisfactorios. La experiencia ha demostrado que la intervención de las instituciones no garantiza necesariamente una solución efectiva para la universidad y sus alumnos, y en general, resulta onerosa para el fisco, desgastante políticamente para el gobierno y demasiado incierta para los estudiantes. Lo que un sistema moderno debiese considerar es una variedad de soluciones que puedan ser flexibles a los distintos contextos, incluyendo la posibilidad de que otras instituciones se hagan cargo a través de instrumentos jurídicos modernos —como inyección de recursos desde el sector privado o fusiones— que permitan suavizar el proceso.

Para que estos procesos sean lo menos traumáticos posible, es fundamental que todos los actores cooperen en beneficio de los estudiantes y no persigan ganancias políticas circunstanciales. Es inadmisible que el Ministerio de Educación filtre detalles de un proceso administrativo que aún sigue en curso, como ha ocurrido en el caso de la Universidad Iberoamericana. Las recientes declaraciones de la ministra de Educación, anunciando el cierre de la institución y la designación de un administrador, vulneran la ley que regula esta materia, que indica que el Ministerio debe resguardar la información y mantener reserva. Llama la atención que la ministra haya optado por este camino, que sólo deriva en un daño al debido proceso y desconfianza en las autoridades.

Debemos estar dispuestos a ajustar nuestra normativa cuanto sea necesario para adecuarla a las necesidades del sistema y su evolución. Cada vez se requerirá más inteligencia para diseñar soluciones que reduzcan el daño y refuercen los aspectos positivos. Pero ciertos valores, como la autonomía de las instituciones, la certeza jurídica y la confianza en el actuar del Ministerio de Educación por el bien de los estudiantes no deben transarse.

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