El Mercurio: Palma dice que cerca de 70% de los fondos extras para Educación iría a financiar nivel parvulario y escolar

Por J. Herrera, M. Toro y F. Polanco

Los panelistas estaban hablando sobre sus últimos dichos respecto del impacto del proyecto de ley en la educación pública y por ello él llamó directamente a la radio. A las 9:40 horas de ayer Andrés Palma, secretario ejecutivo de la reforma educacional, inició una conversación con Radio Cooperativa, en la cual explicó lo dicho en Iquique: que el fin del copago podría generar una migración de familias del sistema municipal al sector subvencionado si no se robustecía con fuerza a los colegios públicos. Su frase generó diversas reacciones entre políticos, alcaldes y sostenedores (ver nota en C 6).

“Es un proyecto de la calidad de la educación, y eso significa que hay que seguir apoyando la educación particular subvencionada y hay que fortalecer la educación pública”, sostuvo Palma.

En esa línea señaló que es necesario dar más énfasis al sector municipal porque “si seguimos entregándoles a todos los mismos (recursos), hay unos que van a quedar más atrás; por eso, dentro de la reforma hay un plan de fortalecimiento de la educación pública”.

Pero no solo ese énfasis fue detallado por Palma. Por primera vez desde que se inició el trabajo del Gobierno en la reforma educacional, el funcionario del Mineduc dio luces de cómo se distribuirán los recursos que les lleguen de la reforma tributaria. “No tengo claro los porcentajes exactos, pero entre educación inicial y educación escolar iría sobre el 70%, 75% y tal vez un poco más”, afirmó el secretario.

Detalló que, considerando que Educación recibirá cerca de US$ 5.000 millones de los nuevos fondos que se recauden, “unos US$ 3.500 millones, US$ 4.000 millones van para el sector parvulario y básico y medio. Se trataría de una cifra de esa magnitud”.

Esto se explicaría porque actualmente se invierten US$ 6.000 millones en el pago de subvenciones para todos esos niveles, cifra que representa la mitad de todo el prepuesto del Mineduc. Palma explicó que “a la larga” se buscará duplicar esos recursos.

Mayor claridad

“Lo que echo de menos es una priorización de dónde se van a invertir los recursos. (…) Aquí va a haber cuantiosos recursos para invertir en educación, una agenda muy amplia, pero no hay un cálculo de qué porcentaje va a ir a educación inicial, al sistema escolar y a educación superior. Eso lo echo de menos”.

Las palabras de la ex ministra Mariana Aylwin esta semana en un foro de Icare habían sido compartidas en las últimas semanas por otros especialistas en el tema, como Patricia Matte.

De ahí que los dichos de Palma fueran relevados por otros actores del debate como el diputado Felipe Kast (Evópoli). “Es una gran noticia que diga que 75% o quizás más de los recursos van a la educación escolar y preescolar, porque permitiría atacar la desigualdad en su origen. Pero esperemos que no le quiten el piso como le ocurrió al ministro hace pocos días”, comentó.

Pero, además, la estimación del secretario de la reforma viene a abordar uno de los puntos más discutidos las últimas semanas: el financiamiento de la gratuidad en educación superior.

Considerando que Palma estima en cerca de 70% de los nuevos recursos para los primeros años de enseñanza, solo entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones quedarían disponibles para la educación superior.

¿Alcanza a cubrirse entonces la gratuidad universal con esos montos? “Es difícil”, dijo Sergio Urzúa, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la UC. “Probablemente esto implicará ajustar primero el concepto de gratuidad y además restringirlo a un número acotado de instituciones”, señaló.

Con todo, Urzúa celebró que el Gobierno privilegie los recursos a niveles iniciales, lo mismo que Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

“Ante una restricción de recursos, es importante que el Gobierno priorice el gasto en educación parvularia y escolar, que es donde evidentemente están las principales necesidades del sistema y es lo que también genera mayores beneficios en relación con la inversión que se haga”, comentó. Y añadió que “una política de gratuidad universitaria, además de ser poco conveniente por una serie de efectos negativos que trae aparejados, es desde el punto de vista presupuestario un error”.

Ambos plantean que si se van a acotar los fondos, es importante que no se discrimine a los alumnos según el tipo de institución en que estudien.

“Unos US$ 3.500 millones, US$ 4.000 millones van para el sector parvulario, básico y medio. Se trataría de una cifra de esa magnitud”. ANDRÉS PALMA Secretario ejecutivo de reforma educacional

“Es difícil cumplir la promesa de gratuidad en educación superior con ese monto. Esto implicaría ajustar el concepto y restringirlo a un número acotado de instituciones”. SERGIO URZÚA Investigador Clapes UC

“Los recursos en educación superior deberían destinarse primero a perfeccionar el sistema de becas y terminar con las discriminaciones hoy existentes”. RAÚL FIGUEROA Director Acción Educar

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