Eliminar el copago es perder una fuente de recursos que Chile requiere para avanzar en calidad e inclusión
Actualmente, según Education at a Glance 2013 (reporte publicado por la OCDE), en promedio en los países de la OCDE, el gasto anual en educación secundaria por estudiante corresponde a un 26% del PIB per cápita. En Chile ese gasto es de 18%.
Para allegar más recursos a la educación se creó, entre otras razones, el financiamiento compartido en el año 1990, ampliándose en el 1994.
El proyecto de ley de reforma escolar propone eliminar este mecanismo, que hoy aporta más de US550 millones de dólares anuales al sistema educativo.
Es decir, a pesar de que Chile hoy está por debajo del gasto en educación de países desarrollados, este proyecto, aunque aumenta y crea una nueva subvención estatal por alumno, elimina una fuente de ingresos importante para la educación chilena como lo ha sido el financiamiento compartido, lo cual parece un despropósito.
Dicha eliminación afectará especialmente a las familias que asisten a establecimientos con copago alto ya que quedarán con menos recursos disponibles por alumno para financiar su educación. Si el proyecto de ley se aprobara tal como está, se pasaría de alrededor de $110 mil a un monto de alrededor de $70 mil mensuales por alumno. El Gobierno ha dicho que la subvención estatal irá en alza y, por lo tanto, no se producirían estas brechas, no obstante la ley no compromete tales aumentos.
Chile aún requiere aumentar sus recursos destinados para educación para financiar un mayor nivel de aprendizaje. Para avanzar en esa línea existen diversos caminos. Por ejemplo se podría mantener el financiamiento compartido, pero complementarlo con medidas que vayan destinadas a los alumnos más vulnerables y de clase media emergente a través de un aumento del monto de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y una ampliación de su cobertura hasta el tercer quintil de ingresos. Así mismo, creemos relevante hacer automática la incorporación de los establecimientos a la SEP.
Esto permitiría que los estudiantes de los primeros dos quintiles tengan gratuidad para el 100% de los establecimientos subvencionados, cobren o no financiamiento compartido y alivia el aporte que realizan las familias del tercer quintil de ingresos.
Así, se lograría mantener un aporte que es importante para el desarrollo de la educación, se ampliaría la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, manteniendo el derecho de los apoderados a disponer de sus ingresos para aportar a la educación de sus hijos y eliminando barreras socioeconómicas que imposibiliten la inclusión de alumnos de escasos recursos en establecimientos que cobran financiamiento compartido. Al mismo tiempo se cautelaría la diversidad del sistema al permitir que proyectos educativos tengan una fuente de financiamiento adicional a la subvención del Estado para realizar su labor.
