Informe sobre distribución de recursos fiscales a las universidades
En una reciente columna firmada por todos los rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile se sostiene que actualmente la existencia de una provisión mixta se encuentra “en peligro (…) por la inminente desaparición del sector estatal”. Bajo esta premisa, los rectores también declaran que les resulta “incomprensible que se cuestione cualquier apoyo a las universidades estatales, instituciones que el mismo Estado generó, ignorando olímpicamente la drástica restricción y peor desnaturalización a las que estas han sido sometidas desde la reforma de 1981, limitando su crecimiento, haciéndolas competir con instituciones privadas que han actuado sin ninguna restricción”.
Un informe de Acción Educar buscó analizar si dichas afirmaciones tienen sustento, mediante el análisis y la cuantificación de los recursos fiscales (fondos basales y concursables, sin considerar las becas y créditos) otorgados a las instituciones de educación superior , específicamente a las universidades, desagregando por tipo de institución a la que corresponden (Universidad Estatal, Universidad Privada CRUCH y Universidad Privada No CRUCH). Se analizó particularmente el escenario entre el año 2011-2014.
Los resultados muestran que los recursos fiscales destinados a las Universidades del Estado han crecido sistemáticamente en ese período de tiempo, y representan más del 50% de la totalidad de los fondos entregados a las universidades.
Además, se observa que existen algunos fondos que son de destino exclusivo para las instituciones estatales, como es el caso de los recursos otorgados a través del “Convenio con la Universidad de Chile” y los destinados a la “Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)”, ambos otorgados a la Universidad de Chile.
En particular para el año 2014, dichos recursos públicos se distribuyen de la siguiente manera: 55% para universidades estatales, 40% para universidades privadas del CRUCH y 5% para universidades fuera del CRUCH. Si estos resultados se dividen por el número de alumnos que asisten a las carreras de pregrado de cada grupo de instituciones, se mantiene que las universidades estatales son las que reciben la mayor cantidad de recursos. Para el 2014 se tiene que las universidades del estado recibieron, en promedio, $1.273.000 pesos por alumno el año 2014, mientras que dicho monto alcanzó los $50.000 pesos por alumno en el caso de las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores, una cifra 26 veces más baja.
Lo anterior se ve reforzado por la gratuidad recientemente implementada. La Ley de Presupuestos 2016 adiciona un programa destinado exclusivamente al otorgamiento de recursos fiscales a las universidades del Estado. Específicamente, la Partida 09 Capítulo 01 Programa 29 “Fortalecimiento de la Educación Superior Pública” crea nuevas partidas con el fin de aumentar los recursos a las universidades dependientes del fisco, como lo es el caso de la partida “Ley 20.842, Universidades O’Higgins y Aysén” en dónde se transfieren recursos a las recientemente creadas Universidades de O’Higgins y Aysén, al tiempo que separa los fondos que originalmente iban a las instituciones del CRUCH en dos: aquellos destinados única y exclusivamente a este tipo de universidades, contenidos en este programa y los que serán repartidos entre las Universidades Privadas pertenecientes al Consejo de Rectores, que quedan contenidos en el Programa 30 “Educación Superior”.
Los resultados del análisis muestran que las universidades del Estado han recibido constantemente un trato preferente en términos de financiamiento respecto del resto de las instituciones del sistema. Los números dan cuenta de la desigual distribución que tienen los recursos fiscales entre las distintas universidades que componen el sistema de educación superior chileno, situación que debiera corregirse cuanto antes, sobre todo porque son tanto las instituciones estatales como las privadas (CRUCH o No CRUCH) las que, a través de sus investigaciones, producen bienes públicos que van en beneficio de todo el país.
Sin embargo, y tal como las autoridades del gobierno autoridades lo han dado a entender, si lo que se quiere es aumentar el financiamiento de las instituciones estatales de educación superior de manera de asegurar su continuidad en el tiempo, lo que corresponde es exigir que éstas tengan sistemas de gobierno independientes de las autoridades de turno y de los intereses específicos de algún sector, de manera de asegurar un uso adecuado y eficiente de los recursos de todos los chilenos.
