La Tercera: Presidente del TC votó declarar inconstitucional toda la ley de educación superior

• 27 de Abril, 2018

Iván Aróstica, en voto de minoría, estimó que la futura ley “termina por instaurar un régimen educacional paralelo al querido por la Carta Fundamental”.

Por D. Muñoz

Ya es un hecho que los sostenedores de universidades podrán tener fines de lucro, luego que se hiciera pública la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), en relación al proyecto de reforma a la educación superior impulsado por el gobierno anterior.

El fallo que declaró inconstitucional el artículo 63 del proyecto -por 6 votos contra 4- y la referencia a la misma disposición que hacía el artículo 18° transitorio, da cuenta de las posturas de los ministros en relación a la iniciativa y también explica los motivos para eliminar el mencionado artículo.

“Para la mayoría, el precepto impugnado es inconstitucional por contravenir la igualdad ante la ley, la libertad de enseñanza y el derecho de propiedad”, se señala en el documento.

En el fallo de mayoría se menciona que el artículo 63 vulneraba los derechos ya adquiridos por los sostenedores y dice que “no se puede desconocer que estas instituciones de educación superior, cuya estructura ahora se pretende modificar, las somete a la exigencia de este nuevo requisito para su creación y reconocimiento, adicional a aquellos originales”.

En el documento publicado ayer en la tarde por el TC, se indica también la postura de su presidente Iván Aróstica, quien votó para declarar inconstitucional todo el proyecto de educación superior.

“(…) Acordada la declaración de constitucionalidad de las normas examinadas, con el voto en contra del Ministro Sr. Iván Aróstica Maldonado (Presidente), quien fue de la opinión que el Proyecto en revisión es contrario a la Constitución”, señala el fallo. Y se agrega que “este Proyecto termina por instaurar un régimen educacional paralelo al querido por la Carta Fundamental”.

Al respecto el diputado Giorgio Jackson (RD) dijo que “la intención de Aróstica de declarar inconstitucional todo el proyecto demuestra que su sesgo ideológico no lo hace apto para la presidencia de un Tribunal Constitucional”.

A juicio del director ejecutivo de Acción Educar, Daniel rodríguez, “la argumentación del presidente del TC, Iván Aróstica, es una disidencia para aclarar su posición general respecto de la constitucionalidad del proyecto a grandes rasgos”.

Otra de las justificaciones que se utilizó para cuestionar la constitucionalidad de la norma que prohibía la existencia de controladores con fines de lucro apuntó a que en el proyecto se hacía una excepción con la U. Austral, U. Federico Santa María y U. de Concepción.

La sentencia dice que “el inciso segundo del artículo 80 del proyecto de ley sometido a control, señala que: “… las normas establecidas en los artículos 63 a 70 no les serán aplicables a la Universidad Austral de Chile, a la Universidad de Concepción y a la Universidad Técnica Federico Santa María.”.

Y agrega que esto configuraría una discriminación arbitraria: “Se trata de una norma consagratoria de un virtual privilegio, esto es, de un trato diferente y positivo en favor de un grupo de tres universidades. Siendo los privilegios una forma de establecer una diferencia, quedan también sujetos al indicado estándar de racionalidad que descarte su arbitrariedad conforme al artículo 19 N° 2°, inciso segundo, de la Carta Fundamental”.

Para el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), el argumento del “derecho adquirido” no sería válido pues en la Ley de Inclusión se determinó un cambio en la constitución jurídica de los sostenedores de los colegios, sin que esto fuera cuestionado por el TC.

“Los fallos se acatan, pero va a seguir la discusión sobre el rigor del TC, que ha ido perdiendo valor y eso no es bueno para nuestra democracia”, afirmó Montes.

Justamente por los cuestionamientos que surgieron al tribunal tras conocerse a mediados de marzo el grueso del fallo, los ministros disidentes que se opusieron a la declaración de inconstitucionalidad hicieron una crítica y establecieron su forma de actuar para el futuro: “Adoptaremos un control preventivo estricto vinculándonos solamente a las normas sometidas a control por el Congreso Nacional. Y, en segundo lugar, anunciando que no estimamos que exista un vicio de forma cuando habiendo regularidad procedimental, buena fe en la tramitación y ausencia de reservas de constitucionalidad, no cabe incrementar ex post por el TC, algo que las mayorías y minorías del Congreso Nacional no previeron teniendo instrumentos normativos para ellos”.

Esto, dicen los ministros disidentes, se hará “sin renunciar en lo más mínimo a nuestras potestades, pero sin los excesos que vemos hoy”.

Al respecto, el abogado constitucionalista Jorge Barrera manifestó que lo que señalan los ministros disidentes “resulta sumamente peligroso, pues en el Congreso, la calificación de las normas la hace el presidente de la Cámara o del Senado, y cuando hay discrepancias, se resuelven por simple mayoría. Es decir, esto dejaría abierta la posibilidad de que la mayoría simple del Congreso Nacional decida no calificar normas como leyes orgánicas para saltarse el control preventivo del TC”.

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