La Tercera: Tras 25 años se pone fin a fondo dirigido a planteles con mejores 27.500 puntajes PSU

Reforma a la educación superior propuso eliminar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI).

Por F. Guzmán y M. Miranda

En 1981 se creó el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), un fondo destinado a las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales que reciban a los mejores puntajes PSU a nivel nacional, que en concreto se traduce en “los primeros 27.500 puntajes de los alumnos matriculados en el primer año de estudios”, según el decreto que dio origen a dicho instrumento de financiamiento.

Así, los planteles recibieron durante 25 años un pago extra por cada estudiante matriculado cuyo puntaje se ubicara dentro de este grupo, y que durante este año tuvo como corte los 620,5 puntos.

Anualmente, la Ley de Presupuestos fija el monto que se repartirá entre los planteles, que en los últimos años estaba en torno a los $ 25.000 millones. En 2016 disminuyó a la mitad aproximadamente y en el proyecto de presupuesto 2017 ha sido eliminado por completo del programa que destina fondos a la educación superior.

El gobierno había anunciado que iba a eliminar el AFI y, de hecho, en la reforma a la educación superior así se plantea. Quienes se oponen a este aporte lo han calificado como regresivo por beneficiar a los mejores puntajes PSU, que tradicionalmente provienen de grupos socioeconómicos de más altos ingresos. No obstante, algunos sectores no están de acuerdo con que desaparezca de manera tan drástica.

“El AFI puede ser modificado para tratar de mejorarlo, pero lo estarían eliminando por completo y eso es muy negativo porque se trata precisamente del único fondo de desarrollo institucional que está disponible para todas las instituciones”, señala Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.

Como contraparte hay quienes consideran que se debió eliminar hace mucho tiempo. “No me parece extraño que terminen con el AFI porque ya el año pasado lo disminuyeron para redistribuir parte de sus recursos en la gratuidad”, señaló Aliro Bórquez, rector de la UC de Temuco.

“Es un aporte regresivo porque genera mayores diferencias e inequidad, ya que los que tienen mejores puntajes vienen de colegios particulares, de los sectores más acomodados o están concentrados en Santiago”, agregó el rector del plantel regional, que atiende a casi un 80% de alumnos vulnerables.

Precisamente, un reciente estudio de Acción Educar sobre el AFI arroja que las dos universidades que más recursos reciben por este ítem son la U. de Chile y la UC. Además, muestra que en el último tiempo “las universidades privadas han ido aumentando la proporción de fondos que reciben, es decir, han sido capaces de atraer a estudiantes del grupo de más altos puntajes PSU”, mientras que “los planteles estatales pasaron de recibir más de la mitad de los fondos totales en 1995, a un poco más de un tercio en 2015”.

El rector de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, lamentó que se elimine el AFI porque, desde su perspectiva, este instrumento “es una forma de reconocer a las universidades que por su calidad son capaces de atraer buenos estudiantes”.

Guzmán criticó que la decisión gubernamental implica que la U. de los Andes perderá $ 500 millones. “El ministerio nunca ha ofrecido ninguna solución alternativa a esto; lo que ellos quieren es redestinar esos recursos a la glosa de gratuidad, por lo tanto, no van a ofrecer alternativas”, criticó.

En cambio, el director de aprendizaje institucional de la U. Alberto Hurtado, Ricardo Carbone, coincidió con el rector Bórquez en que “el AFI es un instrumento inequitativo. Si se eliminó, puede ser una buena noticia en la medida que sea reemplazado por un instrumento más equitativo, como aportes basales, concursos o que esté asociados a algún tipo de compromiso de desempeño o de resultado”.

Carbone remarcó que “si no es reemplazado, es lamentable para las universidades”.

En ese sentido, el rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés, señaló que hasta 2015 recibían $ 700 millones, lo que se redujo a $ 350 millones este año. “Con esto llegamos a una situación donde, salvo los fondos concursables, no recibimos ni un peso del Fisco. El Estado ya nos quitó, arbitrariamente, todo lo que nos podía quitar”.

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