Las consecuencias de implementar un impuesto a los graduados

• 7 de Septiembre, 2016

¿Cómo financiar la gratuidad universal? Esta es una de las grandes interrogantes que se han generado producto del proyecto de ley presentado por el gobierno, que ha llevado a algunos a replantear la idea de costear esta política a través de un impuesto a los graduados.

A principios de 2015 ya se hablaba que el Ejecutivo estaba analizando la posibilidad de implementar esta alternativa. Fue en ese entonces que la investigadora de Acción Educar, Ana María Peñafiel, escribió una columna –publicada en El Líbero– sobre las consecuencias que tendría para el sistema de educación chileno aplicar una política como ésta.

La ingeniera comercial explicó que un impuesto de estas características tiene una serie de efectos negativos: “En primer lugar, y como ya ha sido planteado por algunos académicos, esta política puede operar como un incentivo a la no titulación, aumentando el número de desertores en el último semestre y disminuyendo de esta forma las tasas de titulación. En segundo lugar, puede ser tremendamente regresiva si es que finalmente se termina gravando sólo a aquellos individuos que asisten a universidades suscritas a la gratuidad, en donde se esperaría que el grueso de sus alumnos sean aquellos más vulnerables que no tienen la opción de elegir entre asistir a una universidad pagada y una gratuita. En tercer lugar, se debe notar que un impuesto a la titulación es equivalente a un crédito contingente al ingreso, pero con un horizonte de tiempo más largo (si es que no se fijan los años durante los cuales el individuo estará obligado a tributar) y con reglas menos definidas (como, por ejemplo, si el monto que se pagará en impuestos será independiente del costo de la carrera que se estudie, generando profundas injusticias si no se regula adecuadamente)”.

A lo anterior se agrega que la solución al sistema de educación superior no pasa por implementar gratuidad universal ligada a un impuesto a la titulación, sino por un sistema focalizado y que se adecue a la realidad del país. “Se deben mejorar y ampliar las condiciones de acceso a un sistema de becas y créditos que permita que nadie que tenga el mérito necesario para acceder a la educación superior, quede fuera de ella por problemas económicos”, escribió.

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