Proyecto Interventor: “No es para ley corta, hay que establecer antes un marco regulatorio claro”

El Gobierno presentó un proyecto de ley para crear la figura del interventor delegado que se designaría, incluso, antes del establecimiento de una sanción, en el caso de instituciones de educación superior que se estimen en riesgo de cierre.

Sobre la iniciativa, el director ejecutivo de AcciónEducar, sostiene que “Es importante contar con un instrumento que permita darle tranquilidad a los alumnos en caso de que se cierre una universidad, aunque habría que discutir si el mejor instrumento es un interventor. Pero es distinto contar con un mecanismo que permita hacer un cierre ordenado y facilitar la titulación de los estudiantes a tener mecanismos  que se apliquen antes de que se establezca la sanción de cierre, eso genera un gran riesgo de arbitrariedades y de intervenir la autonomía de las universidades”.

El director ejecutivo apunta a que “sólo sería razonable y procedería establecer un mecanismo en el caso de que exista un sanción de cierre para una institución, y es muy importante que las causales del cierre y que por lo tanto serían las causales que derivarían en el nombramiento de un interventor o de otro mecanismo, estén muy claras, y eso no sucede hoy en el país”.

El marco regulatorio y normativo por el cual se rigen las instituciones de educación superior chilenas es muy ambiguo y amplio y no permite establecer con claridad las causales que significan una sanción o una vulneración a la norma, y  tampoco existen atribuciones adecuadas para que el Ministerio de Educación investigue tales hechos. “Actualmente sólo se tiene un marco de sanciones en el que el Estado puede aplicar una multa de 100 UTM o el cierre de una institución, no existe una graduación; además el marco regulatorio de las universidades es hoy muy ambiguo. Las universidades se han organizado de determinadas maneras al alero de lo que la ley permite, pero se les acusa de no cumplir la ley en circunstancias que no está claro cuál es la norma precisa que se vulnera porque nuestro marco regulatorio es ambiguo”.

“Este no es el momento para leyes cortas. A mi juicio, antes de discutir sobre la designación o no de interventores, lo que correspondería es presentar un proyecto establezca un marco regulatorio que defina cuáles son las normas por las cuales debieran regirse las universidades y las sanciones graduales que corresponderían en caso de incumplimiento de ese marco, además de entregarle al Estado atribuciones de fiscalización concretas para asegurar un debido proceso y una adecuada investigación. Y luego de ello, para el evento de que se aplique la más grave de las sanciones, es decir el cierre, establecer el mecanismo que asegure un cierre ordenado y que permita resguardar la continuidad de estudios de los estudiantes”, asegura Raúl Figueroa.