Pulso: Raúl Figueroa y fin al lucro en educación: “De objetivo para mejorar la calidad se convirtió en objetivo político”
Por Ó. Galaz
Raúl Figueroa conoce el tema de la educación desde el corazón mismo.
En su calidad de abogado, lideró por dos años el grupo de asesores del Ministerio de Educación que estructuró los proyectos de ley durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.
Hoy, como director ejecutivo de AcciónEducar, observa con recelo y preocupación las actuales iniciativas. Cree que se ha confundido el objetivo de una mejor educación con los instrumentos y que se provocará un estancamiento.
Se acortan los plazos para la aprobación del proyecto de fin al copago, lucro y selección. ¿Qué sensación le deja?
Dos cosas. Primero, el apuro del gobierno en presentar este proyecto le terminó por pasar la cuenta por el rechazo que fue generando. Cuando uno hace transformaciones estructurales los consensos son muy importantes. Se debería haber trabajado de una manera distinta, porque se han confundido los objetivos con los medios. Los objetivos son mejorar la calidad de la educación, inclusión y no discriminación. Pero si uno analiza el proyecto se da cuenta que esos instrumentos no son necesariamente los más adecuados; y el fin al lucro, más que un objetivo específico para mejorar la calidad, se ha transformado derechamente en un objetivo político, y eso genera dificultades.
Entonces, si los instrumentos hubiesen sido consensuados ¿se hubiese llegado a otro proyecto?
Claro, a un mejor proyecto en torno a los objetivos buscados. No hay ninguna evidencia que permita señalar que terminando con el lucro se van a conseguir mejores sostenedores. En vez de generar un efecto positivo se está generando una tensión innecesaria, perjudicando a las familias e incorporando incertidumbre que claramente no es lo que el país necesita para desarrollarse.
¿Y por dónde pasa ese apuro?
Por una presión autoimpuesta por el gobierno y que tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de hacerse cargo de ciertas consignas que fueron instaladas por el movimiento estudiantil. Cuando uno hace políticas públicas sobre la base de consignas, lo más probable es que termine por equivocarse.
¿Pero esas consignas no eran válidas?
Ahí es donde uno tiene que hacer el distingo: es absolutamente válido un reclamo potente por mejorar la calidad, acceso, evitar discriminaciones y hacer un sistema más inclusivo. Pero esas no son consignas, son objetivos. Las consignas son fin al lucro y copago. El fin al lucro se instaló como si fuese una necesidad del país para avanzar en el sistema educacional, cuando en realidad lo que tendría que haberse hecho es analizar con calma cuáles son los aspectos positivos y negativos del sistema y ver cómo los mejoramos. Nuestro sistema ha avanzado sobre consenso los últimos 20 años y cuando uno quiere hacer reformas hay que identificar qué aspectos abordamos sin alterar los factores positivos que han permitido el avance.
¿Se ha equivocado entonces el gobierno?
El error del gobierno está en pensar que con ciertas medidas específicas va a lograr los objetivos de mayor calidad y mayor acceso, cuando lo que puede generar son efectos contrarios y eso es bastante fácil de apreciar con el tema del lucro o del copago, donde la mayoría no sólo está dispuesta a aportar, sino que lo hace con gusto en la educación de sus hijos.
Pero eso es una barrera al ingreso.
Cuando el precio genera una barrera de ingreso para algunas familias, lo que el Estado tiene que hacer es ver qué alternativas existen para evitarlo, y ahí está por ejemplo aumentar las subvenciones para los más vulnerables. Con eso se soluciona el problema del 90% de los estudiantes y no se termina con el aporte de los padres.
¿Qué opinión le merece la idea de penalizar con cárcel a los sostenedores que lucren?
Es un error, porque lo que importa es que los recursos públicos cumplan el propósito para el cual han sido destinados. Si para lograr ese propósito es necesario que algún particular tenga una legítima utilidad con cargo a esos recursos no hay ningún inconveniente, aunque sea plata estatal. Esto se da en educación, como también en la construcción de vivienda social, en salud o en los alimentos que se entregan en la escuela. Toda la estructura de cómo Chile se organiza es una vinculación entre privados y sector público, y sancionar penalmente es un error para el sistema educacional, una pésima señal.
Se sugiere materializar gradualmente los cambios con algunos “pilotos”. ¿Ve esa línea de acción en el Ejecutivo?
Acá hay un alto nivel de voluntarismo que lleva a que se propongan reformas que no tienen sustento en la evidencia y que generan distorsiones negativas en el sistema educacional. Ello, porque se ha legislado sobre la base de consignas.
¿Se podría transformar en una pérdida de recursos?
Todo lo que es inyectar recursos a la educación parvularia y escolar es adecuado. También, mantener el criterio de premiar el mérito de los profesores con mejores salarios y condiciones laborales. Entonces, el grueso de los recursos debiera destinarse en esa línea. Pero una educación superior gratuita llevaría a destinar a lo menos US$5 mil millones, donde, según nuestras estimaciones, cerca de un tercio se destinaría exclusivamente a los estudiantes más ricos, lo que es regresivo. Además, esto mismo podría terminar restringiendo el acceso de los estudiantes más vulnerables, afectando la diversidad de proyectos educativos.
¿Qué espera de los próximos proyectos que se deben mandar?
Lo que puede pasar es algo más bien político, que el Ejecutivo se vea arrastrado a impulsar reformas que no son coherentes con nuestro sistema educacional impulsadas por sectores minoritarios y radicales de la Nueva Mayoría.
¿Hay un mea culpa por no haber avanzado más durante el gobierno anterior?
Esta idea de que el sistema educacional tenía más falencias que virtudes también se impulsó desde el gobierno de Piñera y fue un error, porque hoy día el país entero está pagando las consecuencias de un injusto desprestigio a nuestro sistema educacional.
¿Y por qué pasó eso?
Porque probablemente para impulsar ciertas modificaciones la mejor manera era aprobar ciertos proyectos, pero el contrapunto de que el sistema era muy malo y tenía que ser cambiado, fue un error. Esto abrió la puerta para que los que pretendían reformas estructurales, distintas a la lógica del sistema, tuviesen ciertos respaldos para poder propiciar esas modificaciones.
¿Con los actuales cambios, qué es lo más complejo que le puede pasar a la educación chilena?
Lo que estamos haciendo es ir en contra de una serie de factores culturales, como que las familias puedan contar con distintos proyectos, o la posibilidad de aportar, de escoger entre la diversidad, y en vez de darle oportunidades para que el sistema se desarrolle le ponemos un freno.
¿Puede haber un retroceso?
Va a haber un estancamiento. Los efectos de una mala política en educación se ven siempre en el mediano y largo plazo. Si no se toman las medidas para corregirlo va a pasar que en 30 años más estaremos discutiendo cómo revertir los efectos negativos de una política cuyos efectos se habían anticipado.
