16 de las 28 universidades que podrían adherir a la gratuidad el 2016 quedarían con déficit por alumno vulnerable
De adherirse al plan de gratuidad que propone el gobierno a través de la ley de presupuestos del próximo año, 16 de las 28 universidades que en principio podrían participar en esta política, quedarían en una situación deficitaria.
Esta es una de las principales conclusiones de un análisis de Acción Educar que indagó el impacto financiero que tendría la política de gratuidad impulsada por el gobierno y cuyo primer paso se materializaría el próximo año. En el proyecto de ley se especifica que de manera centralizada se fijará un arancel regulado para cada plantel que se una, el cual se aplicará a todos los alumnos vulnerables (de los cinco primeros deciles) que allí estudien y que servirá de base para calcular el monto que el Estado le entregará a cada universidad para que funcione y no le cobre a dichos alumnos. Si el arancel regulado no alcanza a cubrir el monto del arancel real se podrá adicionar un suplemento de hasta un 20% por sobre el arancel regulado.
Previo al suplemento del 20%, el análisis arroja que 25 de las 28 universidades que en principio podrían acceder a esta política, quedarían con un déficit a raíz de la fijación de los aranceles, estando entre las afectadas la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Católica Silva Henríquez, todas las cuales muestran una gran diferencia entre el arancel real promedio por alumno actual y el arancel regulado promedio por alumno que se fijaría según la metodología descrita y que se detalla en la glosa. Por el contrario, tres planteles resultan con una diferencia a favor, siendo el arancel regulado promedio por alumno fijado mayor al arancel promedio real por alumno que actualmente cobran. Es el caso de la Universidad Arturo Prat, Universidad de Los Lagos y la Universidad del Bío-Bío.
Como se mencionó, en el caso de que el arancel regulado se encuentre por debajo del arancel real, se entregaría un suplemento por sobre el arancel regulado de hasta un 20%. Los resultados de este análisis muestran que para 16 de las 28 instituciones revisadas, la diferencia entre el arancel real promedio y el arancel regulado promedio persiste a pesar de este suplemento del 20%. Es decir, son 16 los planteles que quedan un una situación deficitaria incluso después de aplicado el suplemento.
Entre los planteles que presentan un mayor déficit anual promedio por alumno, considerando el suplemento del 20%, está la Universidad Diego Portales con un déficit de $1.371.086, la Pontificia Universidad Católica de Santiago con $611.654, la Universidad Tecnológica Metropolitana con $ 478.991, la Universidad Católica de Temuco con $400.121, la Universidad Alberto Hurtado con $356.385 o la Universidad de Antofagasta con $ 319.100.
El presente estudio no permite cuantificar la magnitud del déficit para cada institución, considerando que ésta dependerá del número de alumnos matriculados que pertenezcan a familias de los cinco primeros deciles de ingresos y de las carreras por las que opten. Con todo, considerando que la regulación de aranceles dice relación exclusivamente con los alumnos vulnerables, dicho déficit se verá incrementado en la medida que se incorpore un número mayor de alumnos que reúnan esa característica.
La situación deficitaria en que quedarían estas instituciones podría repercutir en la calidad de sus programas y en su desarrollo y proyección futura
Cabe mencionar que según lo que se detalla en la glosa presupuestaria el arancel regulado será determinado por los Ministerios de Educación y Hacienda en base al promedio de los aranceles de referencia por grupos de programas de estudio de las instituciones con el mismo número de años de acreditación y los derechos básicos de matrícula promedios.
