El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, se refirió a la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Reforma Educacional que busca poner fin al copago, a la selección y al lucro en establecimientos educacionales que reciban subvención.
El experto recalcó que “este proyecto como está y como ingresó incluso a su tramitación, no va a permitir mejorar la calidad de los establecimientos educacionales. Chile, lo que necesita, entre otras cosas, es precisamente contar con mejores sostenedores y lo que estamos haciendo con este proyecto, fundamentalmente a través del tema del fin al lucro, es eliminando del sistema a sostenedores que lo hacen bien”, si bien admitió que existen sostenedores que no realizan un buen trabajo, pero que ello ocurre en todos los sistemas, incluyendo al municipal.
Dado que el proyecto contempla que colegios organizados como sociedades comerciales deberán cambiar a fundaciones o corporaciones sin lucro, Figueroa sostuvo que “esos cambios, en la práctica, van a hacer que muchos sostenedores terminen por o pasarse al sistema particular pagado o, derechamente, cerrar sus establecimientos”. A pesar que el proyecto no estipula el cierre de colegios, “este sí se pone en el caso, el proyecto dice que en el caso de que un colegio quiera cerrar, el Estado le podrá comprar sus inmuebles”. Por ello, el experto enfatizó es que una de las consecuencias de la iniciativa será que determinados establecimientos cierren sus puertas, lo que no significa una campaña del terror, pero que de todos modos será un efecto que se producirá y que “sistemas que tenemos con alto nivel de inclusión, podrían terminar siendo menos inclusivos (…), sistemas donde hoy día existe oferta de calidad se ven en riesgo de que esos colegios dejen de operar”.
Sobre la tramitación que se aproxima en el Senado, el experto recalcó que los sostenedores deben recuperar su inversión y que “se plantea que sólo los que tienen vocación de calidad van a poder seguir, pero eso tiene mucho de falacia (…), uno puede tener una gran vocación de prestar un servicio educacional de calidad y, a la vez, evidentemente, tiene todo el derecho de recuperar la inversión que ha realizado para llevar adelante ese proyecto”.
Sobre qué propone para que no exista un mal uso de recursos públicos, Raúl Figueroa aclaró que dicha situación se ha registrado más en el sistema municipal y que donde menos dificultades hay con el uso de recursos públicos, es en el sistema particular subvencionado y que el retiro de excedentes está permitido por ley actualmente, por lo que ello no significa mal uso de recursos.
Sobre los malos resultados en desempeño como por ejemplo en comprensión lectora que arrojan los colegios y el sistema, Raúl Figueroa admite que hay problemas en la instrucción y que lo que se necesita es que los establecimientos puedan mejorar sistemáticamente la relación con sus alumnos y sus aprendizajes, pero que las medidas que se tramitan “van en una línea totalmente contraria, es ponerle tensión a sostenedores, que incluso lo están haciendo bien, y también le estamos poniendo tensión a los sostenedores que lo están haciendo mal, pero no de acuerdo a sus resultados, sino que para que revisen la manera en que jurídicamente han organizado su establecimiento”, por lo que el experto enfatizó que “lo que hay hacer aquí, a mi juicio, es echar rápidamente a correr el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación”.
También recalcó que “el desempeño de los profesores es lo más relevante para mejorar la calidad de la educación de nuestros niños”, por lo que destacó que el Gobierno impulsa un proyecto de carrera docente, pero que ello debió ser lo primero, a lo que agregó que en gobiernos anteriores se presentaron iniciativas y proyectos para atraer al sistema público a los buenos docentes, pero que “por razones más bien políticas, a mi juicio, dejó de llevarse adelante esa discusión y se optó por trasladar la discusión a cuestiones que tienen que ver con cambios estructurales que no necesariamente le van a hacer bien al sistema educacional”. Finalizó, aseverando que los efectos de la reforma se verá dentro de 30 años y que a esa fecha se estará corrigiendo.
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