Acción Educar entregó a la Cámara de Diputados indicaciones al proyecto de educación superior

• 18 de Mayo, 2017

Acción Educar entregó a la Cámara de Diputados sus propuestas de indicaciones al proyecto de ley sobre educación superior, tal como se había comprometido tras realizar su presentación en la Comisión de Educación de la Cámara.

Raúl Figueroa, director ejecutivo del centro de estudios, señaló que “las modificaciones que se proponen tienen por objeto promover el máximo desarrollo posible del sistema de educación superior, resguardando la autonomía de las instituciones, la diversidad de proyectos educativos y evitando discriminaciones arbitrarias. Para ello se debe contar con una institucionalidad que equilibre adecuadamente el control estatal con la necesaria autonomía de las instituciones”.

Entre las propuestas se destacan:

• Establecer los resguardos necesarios para que las atribuciones de la Superintendencia no restrinjan la iniciativa o la capacidad de innovar de las instituciones de educación superior. Uno de los aspectos centrales es definir qué se entiende por “supervisión de la viabilidad financiera” de las instituciones de educación superior y enmarcar esta función, la que debe ser coherente con la heterogeneidad de estas y su respectivo estado de desarrollo.
• Instaurar la acreditación obligatoria, pero que establezca categorías diferentes y no jerárquicas por la que cada institución deberá optar: universidades complejas, universidades docentes, institutos profesionales y centros de formación técnica. La facultad de aprobar los criterios y estándares de calidad debe recaer en el Consejo Nacional de Educación (CNED) y no en un comité con alta participación política.
• Recuperar los equilibrios institucionales eliminando atribuciones que se asignaron a la Subsecretaría pero que en atención a su naturaleza debiesen corresponder al CNED. Asimismo, reestablecer la participación del CNED para la designación del administrador provisional, cuestión que es relevante para garantizar un debido proceso y un elemento central que permitió llegar a acuerdo el año 2014 para la aprobación de la Ley N° 20.800.
• Eliminar las discriminaciones arbitrarias que establece el proyecto, reconociendo que el aporte que realizan las instituciones de educación superior no se limita al CRUCH y que en derecho sólo puede distinguirse entre instituciones de derecho público o privado, al margen del rol público que tienen todas.

Respecto al financiamiento, Figueroa insistió que “la gratuidad universal es una política regresiva, ineficiente y que genera efectos contrarios a los deseados tanto en calidad como en equidad. Además, restringe la autonomía y la diversidad del sistema, lo que repercute directamente en la posibilidad de escoger de los estudiantes”.

En esta línea la propuesta de Acción Educar es reemplazar en su totalidad la gratuidad planteada en el proyecto, creando un sistema único que incluya una beca de arancel, cuya asignación y monto dependa del nivel socioeconómico del estudiante y su rendimiento académico en conjunto con un crédito estatal subsidiado, contingente al ingreso y con un número fijo de cuotas a pagar. Se deben considerar también fondos directos y concursables para las instituciones, asignados según resultados.