Acción Educar expone ante comisión de Educación del Senado sobre proyecto de gobiernos universitarios
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar fue invitado a exponer hoy ante los parlamentarios integrantes de la comisión de Educación del Senado sobre el proyecto de ley en trámite que elimina la prohibición de participación de estudiantes y funcionarios en el gobierno de las instituciones de educación superior.
Figueroa apoyó el proyecto que se discute porque elimina imposiciones legales respecto a la organización de los gobiernos universitarios y destacó que éste implica una confirmación de la autonomía universitaria: “No obstante el reconocimiento constitucional y legal a la autonomía de las instituciones de educación superior, la legislación vigente mantiene ciertas limitaciones a dicha autonomía que deben corregirse. En tal sentido, la prohibición de incorporar la participación con derecho a voto de los alumnos y funcionarios administrativos en los órganos encargados de la gestión o dirección de las instituciones de educación superior y en la elección de las autoridades implica una imposición que no se condice con el principio de autonomía”.
Propuesta de Acción Educar para resguardar la autonomía universitaria en el proyecto
Sin embargo el director ejecutivo de Acción Educar planteó también la necesidad de incorporar resguardos a la autonomía en el proyecto de ley. Sostuvo que “así como parece conveniente suprimir ciertas prohibiciones que atentan contra la autonomía universitaria y de las demás instituciones de educación superior, es necesario advertir sobre el riesgo de imponer, mediante ciertos instrumentos de política pública, modelos de gobierno universitario determinados. Cualquier imposición implica atentar contra la autonomía que este proyecto busca reconocer y, por ende, debe evitarse”.
Esto es relevante, enfatizó Figueroa, si se considera que para acceder a financiamiento público, el programa de gobierno señala que las instituciones deberán firmar un convenio con el Estado que establecerá ciertas condiciones que las instituciones deberán cumplir. Sería grave que una de estas condiciones fuese la imposición de un modelo específico de gobierno institucional, forzando, por ejemplo, la participación directa de ciertos grupos. Una obligación como esta implicaría la vulneración del principio de autonomía, el cual se pretende reforzar en la modificación discutida en el presente trámite legislativo.
En este sentido, propuso, que “podría aprovecharse esta instancia para anticipar ese riesgo e incorporar en el proyecto de ley en trámite una limitación a la actuación del Estado, que prohíba que la entrega de fondos públicos a las instituciones de educación superior se condicione a modificaciones forzosas en la manera de diseñar sus mecanismos de gobernanza o a la participación directa de ciertos grupos en la toma de decisiones”.
Para estos efectos se sugirió a la comisión del Senado agregar un nuevo inciso final al artículo 104 del DFL Nº 2 de 2009, del siguiente tenor: “En resguardo de la autonomía, el Estado no podrá imponer exigencias a las instituciones de educación superior que impliquen modificar su organización interna, como condición para recibir aportes o acceder a programas fiscales.”
Hoy el proyecto se aprobó en general en la comisión y se votará en particular la próxima semana.
Ver minuta de Acción Educar que se entregó a la comisión del Senado
