AcciónEducar expone sobre proyecto reforma escolar ante comisión de Educación de la Cámara
Raúl Figueroa, Director Ejecutivo sostuvo que “las medidas propuestas no cumplen con sus objetivos porque no significan un avance en calidad, restringen las opciones de las familias y producirán un retroceso en la inclusión”.
La exposición se realizó ayer en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se refirió al proyecto de ley del Gobierno que elimina el lucro, el copago y la selección académica.
Respecto a la prohibición del lucro en el contexto escolar destacó que no existe evidencia, ni en Chile ni a nivel internacional que avale la decisión de terminar con éste. Estudios en Suecia, EEUU y en países en desarrollo (India, Kenia) que cuentan con escuelas con fines de lucro han demostrado que en términos de rendimiento académico los establecimientos con lucro obtienen mejores resultados o resultados similares que los sin fines de lucro. “Si la evidencia no es clara respecto a las bondades de esta medida, ¿Por qué invertir en ello y no en otros aspectos que tienen un mayor impacto como los directores, profesores, necesidades educativas especiales o educación inicial?”, sostuvo Figueroa.
El director Ejecutivo también recalcó que, tal como se anuncia en el proyecto de ley, el Estado comprará la infraestructura de los establecimientos particulares subvencionados en el caso que los sostenedores deban salirse del sistema debido a las nuevas disposiciones. “Una vez que comience la compra de establecimientos ¿Quién se hará cargo de la mantención y las nuevas inversiones que se requieran?”.
El Informe financiero del proyecto de ley contempla un gasto anual por hasta US$423 millones por 12 años para la compra de colegios por parte del Estado a los particulares subvencionados con fines de lucro. Se totaliza un gasto por hasta US$5.000 millones. “Aunque es posible que ese gasto sea inferior, también es posible que, tal como en la ley del Crédito con aval del Estado (CAE), el Informe Financiero subestime el costo fiscal. En ese caso, el gasto en 2013 fue 130 veces mayor a lo estimado”, apuntó Raúl Figueroa.
Son cuantiosos recursos que podrían destinarse a medidas que apunten a la calidad de la educación. Para tener una referencia, con US$423 anuales se podría multiplicar por 9 veces el programa de subvención pro retención para evitar la deserción en alumnos vulnerables, o financiar 45 veces el programa de Asignación de Excelencia Pedagógica (AEP) para docentes destacados (bono de $2 millones mensuales a cada profesor AEP durante su vida laboral).
Además, el proyecto establece la obligación para todos los sostenedores de ser dueños de la infraestructura del colegio, lo que afecta no sólo a aquellos con fines de lucro sino también a los sin fines de lucro.
“Hay muchos establecimientos sin fines de lucro que tampoco son dueños de la infraestructura y esta medida los obligará a destinar recursos en algo que no estaba contemplado y que no se necesita, afectando el proyecto y los aprendizajes de los alumnos”.
Respecto a la eliminación del financiamiento compartido, aunque su propósito es contribuir a la inclusión de alumnos, hay consecuencias que generarán el efecto contrario y que hay que tomar en cuenta “Los establecimientos con copago o financiamiento compartido atienden de manera gratuita, debido a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) al 43% de los alumnos prioritarios del sistema. A ello se suma que estos colegios, por diseño, tienen un 15% de alumnos prioritarios becados. Con el fin del copago hay colegios que van a pasar a ser particulares pagados, tal como ya se han visto casos a través de la prensa, ya que los recursos adicionales no son suficientes para compensar los ingresos que recibían vía copago. Esto significará que los alumnos prioritarios no podrán seguir en esos recintos, lo que afectará a esas familias y también a la inclusión del sistema”. Se estima que entre 410 mil y 580 mil alumnos aportan más que los $27.300 que el proyecto de ley propone.
Sobre el fin de la selección académica, esta medida se basa en gran parte en los supuestos beneficios del Efecto Par, sin embargo “la evidencia no es contundente respecto a este Efecto, que sugiere que alumnos desventajados y aventajados académicamente se benefician mutuamente de estar integrados en un mismo curso. Por el contrario los estudios experimentales recientes no demuestran tal efecto positivo e incluso se observan beneficios académicos de contar con cursos más homogéneos ya que los docentes pueden utilizar prácticas pedagógicas más adecuadas a las necesidades de esos alumnos”. También en este punto, cabe preguntarse por qué el proyecto de ley sí permite seleccionar en el caso de colegios artísticos, pero no en establecimientos deportivos, de alta exigencia académica o cualquier otro tipo de proyectos específicos.
Finalmente sostuvo que “hay consenso en que los recursos del sistema educativo son insuficientes, muy por debajo de lo que gastan países de la OCDE, especialmente en educación escolar. Pero las medidas propuestas restringen la posibilidad de aumentar el gasto en educación, ya que eliminan el aporte que hacen los apoderados a través del copago, prohíbe la posibilidad de que los sostenedores accedan a créditos para realizar inversiones en sus colegios, y obliga a que el Estado destine recursos fiscales para cubrir estas limitaciones que el proyecto impone, comprar colegios y realizar otros gastos poco efectivos y que no impactan en calidad”.
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