La reforma al sistema de educación superior en Chile, fue el tema que se abordó en un seminario organizado por la Universidad de los Andes en el cual expusieron Sergio Urzúa, doctor en Economía de la Universidad de Chicago y profesor de las universidades de Maryland y de Chile, y Raúl Figueroa, abogado y director ejecutivo de Acción Educar. Ambos abordaron las aristas del proyecto de ley que se discute en el Congreso.
Sergio Urzúa se refirió a los tres grandes pilares de la reforma: el fin de la selección, del lucro y del financiamiento compartido. “El proyecto de ley tiene aspectos positivos como el aumento de las subvenciones y avances en materias de regulación, pero también tiene muchas prohibiciones que generan problemas prácticos, lo que lo hace en esta primera etapa un proyecto más utópico que realista”.
Además, agregó que este proyecto de ley “traerá un tremendo descontento de la clase media, que tendrá que sacar a sus hijos de los colegios públicos, por lo que hay que tratar con evidencia que esto incidirá en la calidad”. Según el experto, “el fin de la selección puede a largo plazo afectar la libertad de enseñanza, ya que hay prioridad en los colegios donde ya estudian los hermanos o son ex alumnos”.
Respecto del fin del lucro, manifestó que “el Mineduc a la fecha aún no sabe qué colegios son los que lucran y que se ha visto que han aumentado estos establecimientos, especialmente en comunas como La Florida y Puente Alto, ya que es mucho más fácil administrar este tipo de colegios, por lo que el proyecto en este sentido generará también un impacto desde el punto de vista político en esas comunas”.
Por su parte,Raúl Figueroa se refirió a la reforma en educación superior. “Como se ha planteado la reforma -destacó-, busca cambiar la estructura de la sociedad, y la comunidad universitaria no puede estar al margen, porque le afecta en cómo un país se desarrolla, que es lo que también buscan las universidades”.
También señaló que “la ciudadanía apoya las reformas, la calidad, más inclusión, que no se discrimine, pero lo que ofrece la reforma no apunta a esos objetivos, por lo que se genera más tensión, empeora la calidad y aumenta la segregación”.
Respecto a la gratuidad sostuvo que toda la ayuda de becas y créditos con los que antes contaban los jóvenes se van a trasladar a aquellas instituciones que suscriban un convenio con el Estado. “Se le entregarán recursos a esas instituciones con las siguientes restricciones: que el Estado les fije aranceles y que le imponga mecanismos de admisión como, por ejemplo, aceptar a personas con condiciones específicas. Esto a fin de cuentas es establecer una universidad modelo para fijar la tarifa, lo que resulta en un sistema homogéneo, quitando diversidad, que es lo que la gente busca al elegir dónde estudiar”.
En esta misma línea, manifestó que “esta propuesta finalmente sólo dará mayor acceso a las familias con recursos, quienes podrán optar por una universidad gratuita o pagada, en cambio los jóvenes de sectores más vulnerables sólo podrán ‘elegir’ entre aquellas adheridas al convenio con el Estado”.
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