Un estudio fija el déficit anual de algunas universidades adscritas al sistema de gratuidad, en cerca de 17.000 millones de pesos. La información de Acción Educar precisa que la falencia estaría en la diferencia entre “aranceles reales” y los aranceles regulados fijados por el Gobierno. Esto pese a que el Ejecutivo aumentó los aranceles en un promedio de entre 7% y 21%, para amortiguar el déficit del 2016. A la fecha hay diez instituciones que siguen presentando un alto déficit.
Las mayores diferencias se aprecian en la Universidad Diego Portales con más de $5.000 millones; la Universidad Autónoma: $4.000 millones; la Universidad Finis Terrae: $3.000 millones; la Universidad Alberto Hurtado: $1.000 millones; y la Pontificia Universidad Católica: $1.000 millones.
“El diseño de la política de gratuidad, particularmente la fijación de aranceles, implica una situación deficitaria para las universidades, y ese déficit inevitablemente impacta en la calidad y en el desarrollo futuro de los proyectos educativos”, aseguró Raúl Figueroa, director ejecutivo de la Fundación Acción Educar.