En el proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior actualmente en trámite, el financiamiento institucional es modificado en su totalidad, desapareciendo el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Esto afecta a ciertas instituciones que han logrado volverse más competitivas o de mejor calidad y que han sido capaces de captar más fondos del AFI, confiando y asumiendo las “reglas del juego”.