El Mercurio: Alumnos de Ues que tendrían gratuidad tardan hasta tres años más en cursar sus estudios
Por C. Said
La duración formal de las carreras en la Universidad de Atacama es en general de cinco años y medio, de acuerdo con el diseño académico de esa institución. Sin embargo, en promedio, sus alumnos tardan tres años adicionales en concluir sus estudios.
Es el caso más extremo de retraso en los programas académicos de las universidades que podrían acceder a la gratuidad en 2016, y son también quienes podrían verse más perjudicados si es que esta política pública cubre solo la duración formal de las carreras, como informó el jueves el Ministerio de Educación.
De acuerdo con la información que maneja la cartera, en las universidades que serían beneficiadas con la medida -las 25 del Consejo de Rectores (CRUCh) y otras tres privadas no tradicionales- existe al menos un año de retraso promedio para que los estudiantes completen sus estudios (ver infografía), un período extra que no sería financiado por el Estado.
En el caso de los recintos del CRUCh -cuya matrícula sumada es de 294 mil alumnos-, la “sobreduración” de los programas afecta sobre todo a los estudiantes técnicos, que son también los más vulnerables, y cuyas carreras duran hasta 58% más de lo que debieran.
Para el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, en el escenario de que “se le ponga límite a la duración de las carreras, no hace más que complicar las cosas, porque muchos alumnos no tendrán financiamiento completo para terminar sus estudios”.
Así, añade, “surge la duda de cómo esos estudiantes continuarán sus estudios. ¿Quién asumirá ese costo? ¿El Estado, la institución o los alumnos? Si son los alumnos, entonces deja de ser gratuidad”.
Por ello, a su juicio, sería más positivo perfeccionar el sistema de becas.
Según el cálculo de Acción Educar, darles cobertura total a los alumnos de hasta el quinto decil que serían beneficiados con gratuidad, pero a través de becas, costaría US$ 227 millones. En tanto, ampliar el beneficio a la mitad de los estudiantes más vulnerables de todos los planteles acreditados -incluidos los CFT e IP- implicaría US$ 624 millones.
“Sería bueno avanzar en las becas, para que por esa vía se mejore el acceso a la educación superior”, plantea Figueroa.
El retraso es un escenario generalizado en las universidades, sobre todo en las carreras más complejas, como Derecho, que en promedio dura 59% más de lo que debería. Por ello, los rectores advirtieron que la gratuidad para 2016 “parece beca, pero dicen que no es beca”.
El tema también inquieta a los estudiantes. El vocero de las universidades privadas de la Confech, Nicolás Fernández, dice que “se nos dice que este límite será para 2016, pero nos preocupa, porque el próximo año se sentarán los precedentes para la reforma”.
De hecho, los expertos también advierten que las autoridades deben fijar una transición entre la gratuidad por glosa presupuestaria y la que establezca la reforma educacional.
“Quienes están a cargo de eso (gratuidad 2016) tienen que buscar la consistencia con el marco general de la reforma. Por cierto que sería perjudicial si fuera inconsistente con el rayado de la cancha más amplio”, dijo ayer Rosa Devés, vocera del consejo asesor para la reforma a la educación superior.
“Surge la duda de quién asumirá el costo del período extra… si son los alumnos, entonces deja de ser gratuidad”. RAÚL FIGUEROA, DIRECTOR EJECUTIVO DE ACCIÓN EDUCAR
“Quienes están a cargo de eso (gratuidad 2016) tienen que buscar la consistencia con el marco general de la reforma”. ROSA DEVÉS, VOCERA DEL CONSEJO ASESOR PARA LA REFORMA
“Tenemos plena conciencia de la complejidad de esta reforma, porque el cambio que estamos haciendo es muy profundo”. MARCELO DÍAZ. VOCERO DE GOBIERNO
