El proyecto de ley que busca “modernizar la oferta de educación parvularia” no ofrece medidas que atiendan los principales problemas del sistema. Se posterga el plazo para obtener el R.O. atendiendo a la contingencia y a la imposibilidad de cumplir con el mandato legal inicial y sin considerar medidas que incentiven el cunplimiento de los estándares legales esperados en el más breve plazo posible. Por otro lado, el proyecto establece diferencias arbitrarias entre establecimientos de Junji y de Integra, al flexibilizar normas para los establecimientos de los primeros y no así de los segundos sin que exista justificación al respecto.
El proyecto de ley no aborda los problemas fundamentales que enfrenta el nivel parvulario, lo que refleja la falta de prioridad y voluntad para implementar las medidas necesarias. Esto limita la capacidad de generar mejoras significativas en la educación inicial, a pesar de ser la etapa educativa que ofrece mayores retornos para la sociedad.