Carrera docente: “Es un proyecto que destina recursos donde deben gastarse, pero se observa un excesivo centralismo en la manera de evaluar a los profesores”
Desde Acción Educar se valoró de manera positiva el envío de un proyecto de ley que busca hacer de la profesión docente una alternativa atractiva para jóvenes con vocación y talento. “Nos parece positivo que ante el desafío de atraer y retener a los mejores profesores en la sala de clases se decida enviar un proyecto de ley que destina importantes recursos donde deben gastarse con el objetivo de generar una carrera profesional más atractiva, donde el desempeño del docente es reconocido y tiene un peso relativo mayor que el paso del tiempo o la antigüedad”, sostuvo el director ejecutivo Raúl Figueroa.
Sin embargo uno de los aspectos que sería importante de incorporar en lo que será la discusión de este proyecto es la relevancia de incluir de manera más preponderante al director en la evaluación del desempeño de sus profesores. El director ejecutivo de Acción Educar manifestó que “se observa que el proyecto contendría un excesivo centralismo en la manera de evaluar al profesor. La evaluación del desempeño debiera ser fundamentalmente local, es decir desde los directores o el equipo directivo. Uno puede medir con una prueba centralizada los conocimientos de los docentes y ciertas competencias pedagógicas, pero su desempeño en un determinado ambiente y en la sala de clases es algo que es difícil de medir de manera centralizada (desde el ministerio), en cambio el director y el equipo directivo están en mejores condiciones para evaluar el desempeño y la efectividad que los profesores tienen en el aula”. En este sentido también es relevante que las evaluaciones de los directores se puedan plasmar en incentivos, bonos o aumento de remuneraciones de los profesores. Los aumentos del sueldo no debieran estar solamente relacionados con los resultados de evaluaciones externas. También la evaluación del director debiese incidir en la permanancia de los profesores del colegio, especialmente en el ámbito municipal donde este este aspecto está restringido actualmente.
Otros profesionales que hacen clases
El proyecto de ley que envió el gobierno propone que se elimine la posibilidad de que otros profesionales que no sean docentes puedan realizar clases en los establecimientos escolares. “Eso fue algo que se discutió cuando se aprobó la LGE y tenía precisamente por finalidad el hecho que ciertos profesionales con conocimientos específicos por ejemplo en matemática, física o química pudiesen desempeñarse como profesores en la enseñanza media. La eliminación de esta posibilidad obedece más bien a una protección gremial motivada por el Colegio de Profesores y no necesariamente a una medida que busque mejorar la calidad de la educación. Es importante incorporar profesores en ciertas áreas donde se requiere un nivel de conocimiento alto o muy específico para poder lograr un mayor impacto en los alumnos. Además existe una falta de docentes para ciertas áreas como física o química”. En esta línea la legislación actual cuya derogación propone el proyecto, establece mecanismos para asegurar que estos profesionales cuenten con los conocimientos pedagógicos adecuados, por lo que no se ve con claridad la justificación de su eliminación.
Costos
El proyecto de ley establece un sistema de desarrollo profesional docente que regirá tanto para los docentes que se desempeñan en el sector público como en el sector particular subvencionado (cerca de 185 mil profesores), y promoverá una trayectoria de desarrollo profesional en 5 tramos (3 obligatorios y 2 voluntarios). Al avanzar en los tramos se avanzará en las remuneraciones que perciben los docentes. La renta mínima se aumentará de $637 mil actuales por un contrato de 44 horas, a un sueldo cercano los $950 mil. Para un contrato de 37 horas, el ingreso sería de cerca de $800 mil.
Según estimaciones del Ministerio de Educación el proyecto tendría un costo fiscal que superaría los US$2.300 millones anuales. “Invertir en los profesores es una política pública que transversalmente se considera necesaria y que tiene impacto en la calidad de la educación, sin embargo los recursos son limitados y es claro que lo recaudado por la reforma tributaria no alcanzará para todas las reformas prometidas. En este contexto la gratuidad universal para educación superior, cuyo costo anual se estima en más de US$5.000 millones al año, es una política que no resulta prioritaria y que además provocará una serie de efectos negativos para el sistema”.
