Carrera docente: presiones por políticas equivocadas
Más de dos semanas han transcurrido desde que comenzó el paro docente liderado por el Colegio de Profesores, el cual afecta a cerca del 40% de los establecimientos educacionales municipales. Son miles de niños y familias que se ven afectadas de manera directa por una medida de presión que pretende el retiro o cambios sustanciales al proyecto de ley que se tramita en el Congreso sobre carrera docente.
Ante las indebidas presiones, la Comisión de Educación de la Cámara suspendió la votación de la iniciativa para formar una mesa de trabajo entre los diputados, los representantes del gremio y el ministro de Educación. Lo anterior es preocupante si se revisan las exigencias que está planteando el Colegio de Profesores. Una de ellas es la derogación de la Ley 20.501 publicada el año 2011. Esta iniciativa fue despachada con una aprobación transversal de todos los sectores y entre sus principales aportes estuvo la obligación de que los directores de escuelas municipales fueran elegidos a través de concursos de Alta Dirección Pública, con el objetivo de profesionalizar la búsqueda de los líderes de las escuelas municipales. Junto con lo anterior permitió que estos nuevos directores pudieran formar un equipo directivo de su confianza y tuvieran la facultad de desvincular hasta el 5% de los profesores mal evaluados.
Por lo tanto, lo que exige derogar el Colegio de Profesores son facultades mínimas que se le entregaron a los directores para liderar los proyectos educativos. La evidencia es amplia en el sentido de demostrar que un director empoderado puede generar mejoras sustantivas en la calidad de la educación que se imparte en su establecimiento.
Respecto al rol de los directores, el proyecto de ley de carrera docente efectivamente debe ser corregido, pero en una línea contraria a la que plantea el magisterio. Urge incorporar a la iniciativa una evaluación local del desempeño de los profesores, reconociéndole al director y su equipo las atribuciones para realizarla (Sobre la importancia de la participación del director en la evaluación docente puedes ver un estudio de Acción Educar que revisó la literatura y la experiencia en otros países sobre el tema).
Es indispensable que el líder de cada establecimiento pueda evaluar y entregar una retroalimentación sobre el trabajo diario de los docentes, sobre su desempeño en el aula o sobre su disposición para colaborar con otros maestros. Es el director y su equipo quienes pueden medir de cerca estos aspectos y quienes conocen el contexto específico de cada colegio. Su valoración debe tener consecuencias tanto en las remuneraciones como en la continuidad laboral del cuerpo docente. Tal como está el proyecto, éste solo incluye evaluaciones centralizadas que son capaces de medir los conocimientos y algunas capacidades pedagógicas, pero no el desempeño continuo y la efectividad de cada profesor.
Otro aspecto que critica el magisterio es la asociación del aumento de las remuneraciones a evaluaciones de desempeño. El proyecto efectivamente busca establecer dicho cambio con el propósito de generar una carrera que no sólo explique el aumento de remuneraciones por el paso del tiempo, como sucede actualmente. De nuevo, el propósito que parece inspirar al Colegio de Profesores es la defensa de intereses particulares y de protecciones gremiales que no dicen relación con la calidad de la educación.
El diálogo que se requiere para comprender e incorporar visiones distintas para perfeccionar el proyecto debe incluir necesariamente la opinión de los profesores; pero ello no puede implicar una rendición a un grupo de interés. Cabe recordar que de los 200 mil profesores que hay en Chile, solo un cuarto está afiliado al Colegio y tiene derecho a voto.
Es importante que las autoridades del Ministerio de Educación y los parlamentarios no se distraigan de lo que resulta crucial, que es mejorar el proyecto de ley. Si como resultado de la presión que están ejerciendo algunos grupos específicos se cede en aspectos como los descritos, se corre el riesgo de terminar con una ley que, con un alto costo, no avance hacia el objetivo de contar con un sistema de mayor calidad e incluso pueda afectar de manera negativa las condiciones actuales.
