Por Sebastián Carpentier, Investigador de Acción Educar.
Señora Directora,
El “boicot” a la PSU y la pandemia generaron que la matrícula de primer año en pregrado de este 2020 sea la más baja de la última década: se matricularon diez mil estudiantes menos que durante 2010. Peor aún, la caída fue más pronunciada en los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT).
Si a la profunda crisis económica que atravesamos le añadimos la inminente llegada de la Cuarta Revolución Industrial, con el riesgo subyacente de automatización y sustitución de empleos, se torna más urgente que nunca el fortalecimiento del mundo técnico profesional. De lo contrario, podríamos retroceder mucho más de 10 años en cuanto a equidad y bienestar.
Lamentablemente, hoy la discusión del Congreso se centra en un proyecto que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las instituciones, el cual podría debilitar de forma irreversible al sistema de educación superior y en particular a los IP y los CFT. Pan para hoy, y hambre para mañana.
Sin duda deberíamos encontrar un mecanismo para auxiliar a quienes están percibiendo las peores consecuencias de la pandemia, pero sería mucho más lógico hacerlo a través de una ayuda estatal transitoria y focalizada que permita evitar la destrucción de un sistema que llevamos más de dos décadas impulsando.
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