Carta al director en Ciper: Retorno a clases, la victoria pírrica

• 8 de Abril, 2022

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

Señor director:

La expresión «victoria pírrica» describe aquel logro que ha requerido sacrificios y pérdidas tan grandes para conseguirse, que se hace casi indistinguible de una derrota. Inspirada en el gran general griego Pirro de Epiro  (318 – 272 a.C.), ayuda a describir una actitud humana al borde de la irracionalidad: a veces estamos dispuestos a sufrir pérdidas inconmensurables con el solo objetivo de cantar victoria sobre un adversario.

Algo así viene a la mente al mirar con perspectiva la discusión sobre las clases presenciales en el sistema escolar en Chile durante la emergencia sanitaria del covid-19. El cierre de las escuelas —vale la pena recordarlo— fue una medida resistida por el gobierno del presidente Piñera. La presión vino de los alcaldes, galvanizados de aparente legitimidad por su actitud condescendiente con los desórdenes sociales de fines de 2019. Como sostenedores y representantes legales de la enorme mayoría de los colegios públicos, podían determinar la suspensión de clases de los colegios en sus comunas, pero ello podría ver comprometidos sus ingresos y su reputación para las elecciones que estaban por llegar. Evadiendo su responsabilidad política y su deber constitucional de proveer educación pública, presionaron a La Moneda, que terminó por ceder. Así, y con menos de cien casos activos de coronavirus en ese momento en el país, las escuelas cerraron sus puertas para todo tipo de actividades a mediados de marzo de 2020.

El debate de cuándo volverían a abrirse comenzó poco tiempo después. La pandemia, su evolución y la efectividad de las medidas eran (y siguen siendo) una incógnita. En ese contexto, el Ministerio de Educación estableció como política central trabajar para el retorno de las clases presenciales en el menor tiempo posible, determinación que no abandonó hasta el último día. Antes de las vacunas y del plan «Paso a Paso», cuando solo había confinamiento puro y duro, se planteó que en algún punto las condiciones sanitarias permitirían el retorno a clases presenciales, y que había que prepararse con protocolos, medidas de seguridad, insumos sanitarios. Fue ahí cuando se hizo posible una conjura entre los parlamentarios de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, alcaldes de varios colores políticos y el Colegio de Profesores, cuyo foco fue siempre político electoral, y, su objetivo, causar daño al gobierno en un contexto de elecciones próximas para casi todos los involucrados.

Las acciones de los conjurados no se hicieron esperar. Cuatro mociones parlamentarias [Ver: Boletín 14133-04; Boletín 13448-04; Boletín 13670-04; Proyecto de Ley] promovidas por el Frente Amplio buscaron impedir el regreso a clases por ley, el alcalde de Valparaíso fue a los Tribunales de Justicia para que su comuna no volviera a clases (aun cuando él ya no controlaba los colegios). Afortunadamente todas estas medidas fueron rechazadas por las instancias correspondientes. Pero la jugada más arriesgada, que solo muestra la determinación ciega de los conjurados fue una acusación constitucional contra el Ministro de Educación. Un acto casi imprudente, considerando que, a pesar de contar con los votos, la oposición había perdido sistemáticamente varias acusaciones en la sala de la Cámara o en el Senado. Pero la elección se aproximaba, y un golpe de esa magnitud al alicaído gobierno del Presidente Piñera era un premio muy tentador. El Colegio de Profesores era sin duda el más interesado. Sin la posibilidad de hacer paros, les resultaba imposible aplicar su metodología estándar para presionar al gobierno por más recursos públicos. Desprovistos de su arma de preferencia, pero reticentes a la idea de volver a trabajar presencialmente, buscaron patear el tablero. A veces parece increíble que parlamentarios de larga trayectoria hayan concurrido con su firma a algo tan absurdo como acusar a un ministro de Educación por querer volver a clases. A pesar de sus esfuerzos comunicacionales, los diputados jamás lograron instalar que la acusación tenía un objetivo noble, como proteger a los niños. Siempre fue claro, para todos, que la acusación tenía el fin político de ayudar a la reelección de los participantes y contribuir a la elección de un gobierno afín a ellos. La perdieron, pero ganaron las elecciones.

¿Tuvieron claridad los conjurados que sus acciones implicaban usar de rehenes a los niños para lograr objetivos políticos, y que todos se darían cuenta? ¿No creyeron que, cuando nombraron a un profesor de aula como Ministro, este no les diría el error atroz que cometieron oponiéndose a educar a los niños de Chile? ¿No pensaron que el Colegio de Profesores, como buen gremio, solo velaría por sus intereses y los abandonaría a menos de 30 días de asumir? ¿Qué costo tuvo, para millones de niños en Chile, haber sido desprovistos de su derecho a educarse por mezquindades políticas?

Como Pirro, hoy la coalición gobernante disfruta la victoria, pero no ha calibrado su costo. Bastó un comentario irrelevante pero lúcido del Ministro Ávila —«Yo creo que, efectivamente, nos equivocamos al tener las escuelas cerradas tanto tiempo»— para mostrar cuánto le costó a Chile la conjura de los necios.

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