Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
Señor Director:
Agradezco la respuesta de Alejandra Contreras (carta de ayer), representante de las universidades estatales, pues me permite aclarar dos puntos.
Es evidente que la Subsecretaría debe subsanar a la brevedad lo observado por la Contraloría en la fijación de aranceles. Pero en lugar de ello, los rectores estatales sugirieron recurrir directamente al Congreso, vía Ley de Presupuesto, precisamente para eludir el proceso de fijación de precios en cuestión. Eso hace toda la diferencia entre el apego a la ley de la señora Contreras, y la intención de los rectores.
Por muchas expectativas que tengamos de la buena fe de los actores, la participación directa de grupos de interés en la definición de subsidios directos (como son las transferencias por gratuidad) es siempre un conflicto que termina con mayor gasto fiscal, en detrimento de los contribuyentes y de las muchas prioridades del país. Máxime cuando los subsidiados pueden evadirlo mediante la gestión política, como pretenden los rectores Vivaldi y Zolezzi.