Hace unos días, el conocido Instituto Profesional Arcos, de varias décadas de existencia, gratuito y de acreditación avanzada, ha anunciado que su continuidad se ha hecho inviable, y que sus estudiantes de la Región de Valparaíso deberán terminar sus estudios en otra institución. La razón, transparentada por el rector, es una y simple: la pérdida económica que implica la regulación de aranceles que ha llevado a cabo la Subsecretaría de Educación Superior en el contexto de la gratuidad. La nueva regulación ministerial, ampliamente cuestionada por su arbitrariedad en varias instancias, implicó una pérdida de más de 3.300 millones de pesos para el IP, llevando a su cierre.
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Es la tercera institución gratuita en anunciar públicamente su crisis financiera, y la primera en cerrar. El sistema de educación completo debe tomar nota de esto. No solo del hecho que una decisión administrativa, sin posibilidad de apelación, puede llevar a su inviabilidad financiera sin más. También debe estar atento a que en el proyecto de condonación del CAE, pronto a presentarse, esta lógica de fijación de precios y vacantes se piensa hacer extensiva a todas las instituciones. Está formula debe repensarse.