Por Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar.
Compartimos la inquietud que expresaron los rectores de las universidades G9 en su carta del sábado. Sin embargo, es necesario dejar de lado las discriminaciones y mirar el aporte de la educación superior en su conjunto. A partir del próximo año, la acreditación institucional es obligatoria, por lo que se garantiza que todos los planteles universitarios y técnico-profesionales cumplan con los requisitos de calidad, siendo la contribución al país un factor clave en ella.
En vez de seguir con políticas aisladas que solo benefician a algunas instituciones por criterios que son meramente arbitrarios, que en definitiva perjudican a los estudiantes y ponen un tope al crecimiento y mejora de nuestro sistema, debiésemos avanzar en políticas que fortalezcan los diversos proyectos e iniciativas, en función de su aporte y no del año de creación. Solo así podremos ponernos a la altura de los estándares internacionales y podremos seguir creciendo en cobertura de la mano con la calidad.