Carta al director en El Mercurio: Consejo Asesor de Rectores; Nadie puede salvarse a sí mismo

• 29 de Diciembre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

El Ministerio de Educación ha conformado una comisión, compuesta por 17 rectores de universidades, centros de formación técnica e instituciones profesionales para entregar recomendaciones sobre tres tensiones mal resueltas por la Ley de Educación Superior: financiamiento y desarrollo, fiscalización y autonomía, y brechas de género.

La tramitación de esta normativa fue compleja, polémica y apresurada. Los múltiples errores que contiene han sido manifestados por varios actores de la sociedad, órganos del Estado y por la mayoría de los rectores convocados. Es por esto que esta instancia debe ser valorada, no como una forma de reiniciar una discusión, sino para sugerir los cambios que permitan orientar la reforma hacia la calidad, el desarrollo del sistema, la diversidad y la autonomía de las instituciones. ¿Cuáles son los temas ineludibles?

Respecto del financiamiento, la comisión no debiera dar rodeos. El diseño de la gratuidad es deficitario, nocivo para las instituciones y sus comunidades académicas, además de poner un techo –mediante fijación de precios-  al desarrollo futuro del sistema. El cálculo de aranceles regulados en base a costos de docencia no solo es una quimera técnica, es la manifestación de una visión fabril de la educación incompatible con un sistema mixto y diverso que pretende mirar hacia el futuro. Resulta irracional resolver esto invirtiendo aún más recursos públicos: la forma óptima de superar este punto muerto es permitiendo el gasto privado. Esto implica, solo para empezar, dos cosas muy simples y nada ambiciosas: detener todo avance de la gratuidad, y liberar los aranceles de los estudiantes de los deciles no gratuitos. Con esto, los planteles que voluntariamente adscriben a esta política tienen un escenario algo más razonable para tomar decisiones, aunque seguirán viendo comprometida su autonomía y proyecto por culpa de la gratuidad.

El Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS), nuevo crédito estudiantil contingente al ingreso que reemplazaría al CAE, debe analizarse bajo el mismo prisma. Equivocadamente, esta iniciativa perpetúa la lógica de la fijación de precios, a lo que agrega la obligación de las instituciones para actuar como los bancos de la educación superior. Este crédito debe pensarse como complementario a la gratuidad focalizada, no como una gratuidad conseguida por otros medios.

En relación a la fiscalización, lo central es convenir en un marco de certezas jurídicas sobre el cual las instituciones podrán llevar a cabo su gestión. Éste debe permitir, dentro de lo razonable, diferentes modelos de administración, siendo responsables lascasas de estudio de demostrar al regulador que su estrategia es sostenible y compatible con un proyecto educativo de calidad. Las atribuciones de la Superintendencia de Educación Superior son tan amplias que virtualmente permiten el control del Estado sobre las instituciones, por lo que se requiere de un cuerpo de reglas claro y riguroso para todos. El foco sancionador e intrusivo de la Superintendencia debe ser orientado a la colaboración, que permita un flujo permanente de información clave para prever y actuar de forma oportuna y draconiana solo frente a situaciones de instituciones privadas fallidas o de universidades estatales amenazadas con cobranzas judiciales y embargos como las que hemos visto en estos meses.

Respecto a las brechas de género, se trata de un problema en que los planteles deben avanzar individualmente de muchas maneras. Pero en conjunto, es relevante que aborden en primer lugar la admisión. La Ley de Educación Superior da pie para modificar la PSU y los sesgos de género que ésta refuerza, según la evidencia ha documentado. En ello se pueden adelantar amplios espacios de acuerdo que permitan avanzar rápido.

Una advertencia final es necesaria. Esta comisión no debe enfocarse en arreglarle el problema a las universidades gratuitas simplemente concordando en que requieren más recursos fiscales. Esto no solo es impresentable públicamente, sino que posterga el bienestar y futuro del sistema a la solución particular del problema financiero de un grupo de instituciones que adscribieron a la gratuidad voluntariamente y en pleno conocimiento de sus efectos. Además, ello iría en contra de los principios que el gobierno del Presidente Piñera ha promovido: responsabilidad en el uso de los recursos públicos y el lema de “los niños primero”.

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