(Leer carta al director en La Segunda)
En columna de ayer, la sra. Claudia Matus confunde el deber de prevenir determinados problemas sociales – ciertamente graves – como son el contagio por VIH, el embarazo adolescente, la violencia de género y el abuso sexual infantil, con la necesidad de una educación en sexualidad y afectividad desde una mirada única: la del Estado.
La objeción de los grupos de padres frente a la ESI no se debe al carácter preventivo que la autora plantea, sino a la vulneración del derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, lo que ocurre cuando el Estado se ubica en una posición de superioridad moral frente a la cual la ciudadanía tiene derecho a disentir.
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