Por Francisca Figueroa, investigadora de Acción Educar.
Señor Director,
Ayer se rechazó en el pleno de la Convención Constituyente la indicación para incluir la libertad de enseñanza en el temario de la Comisión de Derechos Fundamentales. La insistencia de cierto sector en contraponer derecho a la educación y libertad de enseñanza como si reconocer uno, implicara subordinar al otro, carece de toda justificación.
Tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza son derechos humanos que emanan de la dignidad de la propia persona. Que los padres ejerzan el derecho del niño a decidir cómo y dónde educarse se explica mientras los niños carecen de la edad y madurez suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Una vez que lleguen a la vida adulta, lo ejercerán por sí mismos en la educación superior.
No incluir la libertad de enseñanza no es sólo una vulneración al deber y derecho preferente de los padres y dar la espalda a los tratados internacionales reconocidos por Chile, sino que un atentado a los derechos de todos los niños, pues quienes más velan por su cuidado, no tienen la facultad de decidir qué educación es más conveniente para ellos. La mayor preocupación es quién determinará esas decisiones si no son los padres, ¿el Estado?