Por Tania Villarroel, investigadora Acción Educar.
El próximo lunes 30, se votará en particular en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que extiende y moderniza la Subvención Escolar Preferencial (SEP). De convertirse en ley, esta iniciativa legal significará un avance importante para nuestras escuelas.
Actualmente, la Ley SEP aumenta en un 68% la subvención general para los alumnos prioritarios, es decir, aquellos pertenecientes al tercio más vulnerable. Sin embargo, estos recursos adicionales solo se pueden gastar en lo establecido en los Planes de Mejoramiento Educativo (PME) y no en el funcionamiento normal del establecimiento. Lo anterior ha llevado a los entes fiscalizadores a rechazar gastos en necesidades reales de las escuelas, porque la ley solo permite el uso de la subvención en materias específicas que no las contemplan. Es el caso de ciertas escuelas que a pesar de contar con recursos SEP disponibles, no pueden destinarlos a reparaciones, como arreglar el techo, porque al no estar dentro del PME ese gasto es rechazado. Se suma a ello que parte de estos fondos no son ejecutados dada la incertidumbre.
La iniciativa legal busca corregir estos problemas permitiendo el uso de la SEP con la misma amplitud y restricciones que la subvención general. Con todo, mayor flexibilidad no implica menor fiscalización. Tanto la Superintendencia de Educación como la Contraloría mantienen sus atribuciones y de hecho el proyecto les permite focalizarse de mejor manera y así evitar el uso verdaderamente indebido de los mismos.
Ingresa aquí para leer la carta en La Segunda.