Escrita por Francisca Figueroa, investigadora legislativa de Acción Educar
Señor Director:
Sin duda, la incorporación en el acuerdo constitucional de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a los hijos es un reconocimiento a la importancia de la autodeterminación de las personas en la conformación de su propio proyecto de vida, lo que revaloriza la dimensión de crecimiento personal de la educación, menospreciada en el texto constitucional rechazado.
No obstante, si bien en educación gran parte de los desafíos pendientes son abordables desde las políticas públicas, hay aspectos que un nuevo texto constitucional ayudaría a mejorar.
Es el caso de una nueva comprensión de la libertad de enseñanza con énfasis en la persona y su familia, de manera que la autonomía y diversidad de los establecimientos educacionales se entienda en relación a la preferencia que hacen éstas, según sus convicciones e intereses.
A su vez, debiésemos avanzar en consagrar expresamente la autonomía de las universidades y la libertad de cátedra de sus académicos, comprendiendo que el fin de esta independencia es poder servir de mejor forma a la sociedad a través de la generación del conocimiento.