Esta semana se aprobó el proyecto de ley que establece un sistema único de evaluación docente. Si bien reconocemos la necesidad de aliviar la sobrecarga laboral de los profesores, preocupa enormemente la eliminación de una necesaria evaluación y la persistencia de un sistema cuyo objetivo único es el aumento de remuneraciones.
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Esto implicará en la práctica que un profesor podría estar treinta o más años ejerciendo la profesión, sin medir su competencia, lo que atenta directamente a la función de impartir una educación de calidad.
Sabido es que los métodos de enseñanza y los conocimientos van evolucionando y evidente es que ello requiere una actualización constante, ¿cómo podrá el Estado asegurar entonces que cada estudiante cuenta con docentes aptos, idóneos y con las destrezas esperadas si no tiene cómo medir durante ese largo periodo de tiempo? Ante las presiones de la agenda del Colegio de Profesores, se cedió en demasía.
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