Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Mediante una carta publicada ayer, Patricio Carrasco, de Educación 2020, se refiere a un informe de Acción Educar que aborda lo poco conveniente de crear 15 nuevos Centros de Formación Técnica Estatales, señalando que dicho documento adolecería de ciertos errores y luego argumentando a favor de la medida que el informe critica.
Es legítimo tener visiones distintas sobre la conveniencia o no de ciertas políticas públicas, pero es inadmisible confundir al lector alterando lo que literalmente un documento señala. En tal sentido, el informe de Acción Educar señala claramente que existen “instituciones técnicas asociadas a universidades estatales” y que “a través de asociaciones o como sociedades relacionadas, las universidades han creado instituciones de educación superior no universitarias”.
El estudio referido no señala que Chile cuente con Centros de Formación Técnica (CFT) o Institutos Profesionales estatales, por lo que se equivoca el señor Carrasco al señalar que en el documento se utilizan antecedentes erróneos y pretender, por esa vía, restarle mérito.
En cuanto al fondo del asunto que plantea Carrasco, creemos que la dignidad del hombre es inherente a su naturaleza y, por ende, el reconocimiento de los derechos que le son propios no pasa por la creación de nuevas instituciones estatales, sino que por generar las condiciones adecuadas para el mayor desarrollo material y espiritual posible. Corresponde al Estado contribuir a que esas condiciones se den, considerando para ello el aporte que las entidades privadas realizan y concentrando sus recursos donde más se requieren.
Además, cabe recordar que en los últimos seis años, tres CFT ligados a universidades estatales han debido cerrar, y en términos generales, los centros de formación técnica o institutos profesionales vinculados a instituciones públicas no tienen ni mejor empleabilidad ni aseguran que sus egresados accedan a mayores remuneraciones.
La creación de 15 Centros de Formación Técnica estatales no constituye una prioridad, y su aporte al desarrollo de la educación técnico-profesional, considerando la evidencia, es discutible.