Raúl Figueroa S., director ejecutivo de Acción Educar.
La educación superior técnica es, sin duda, un nivel educativo de primera importancia para el futuro del país. Sin embargo, el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para crear una red de Centros de Formación Técnica (CFT) estatales no se hace cargo de dificultades que debiesen ser prioridad.
Pese a que un alto porcentaje de la matrícula en CFT estudia en instituciones acreditadas (87%), hay cerca de un 66% de las instituciones que no lo está, y por lo tanto la necesidad de resguardar y promover mejoras para asegurar la calidad de esta formación es uno de los aspectos cruciales. Sin embargo, el proyecto de ley mencionado crea 15 nuevos CFT que estarán eximidos del proceso de licenciamiento, en que el Consejo Nacional de Educación supervisa el buen funcionamiento inicial de las nuevas instituciones y verifica su calidad antes que obtengan su autonomía. Si lo que se busca es promover una formación de calidad, saltarse este paso no contribuye a ello.
Actualmente, una de las falencias principales de este nivel educativo es su escasa articulación con la educación media técnico-profesional e insuficiente vinculación con el mundo productivo. ¿Qué garantiza que por el solo hecho de ser instituciones estatales estos problemas se resolverán? La iniciativa legal no innova para hacerse cargo de esta problemática.
Cabe recordar que son varios los proyectos de educación superior técnica que en los últimos años no han logrado ser exitosos y han debido cerrar a pesar de haber crecido al alero de universidades de larga tradición y estatales.
Finalmente, es una prioridad eliminar las discriminaciones y mejorar las becas y créditos que entrega el Estado a los alumnos de carreras técnicas y hacerse cargo de los sesgos que perjudican a estos jóvenes en cuanto al sistema de admisión y la PSU.