Por Raúl Figueroa, director ejecutivo Acción Educar.
Señor Director:
Tal como informó “El Mercurio”, el Ministerio de Educación adelantó que presentaría un proyecto de ley para desmunicipalizar la educación pública, creando 70 servicios locales que administrarían los colegios. Es positivo que el proyecto apunte a mantener las raíces locales en el manejo de los establecimientos, ya que es relevante que quienes se hagan cargo de la administración de la educación conozcan de cerca la realidad de los colegios, la cual es muy disímil dependiendo de la ubicación geográfica y otras condiciones a lo largo de Chile.
Sin embargo, el Mineduc también adelantó que estos servicios locales dependerán de un director que estará radicado en la Subsecretaría de Educación, centralizando la toma de decisiones. Esta es una señal preocupante en cuanto podría echar por tierra el reconocimiento a lo relevante de la gestión local, a la autonomía necesaria para administrar proyectos educativos distintos y a la importancia de establecer metas adecuadas a las necesidades propias de una comunidad específica.
El municipio es la entidad local más relevante, cuya máxima autoridad es elegida democráticamente y, por ende, está sujeta al escrutinio periódico de la comunidad. Es cierto que muchas veces los alcaldes destinan sus esfuerzos a temas distintos a la educación, buscando mayor rédito electoral inmediato; sin embargo, quitarles la responsabilidad del manejo de los establecimientos vinculándolo directamente con el nivel central puede ser más perjudicial que el actual escenario.
Un proceso de desmunicipalización es caro. Nuestros cálculos apuntan a US$ 1.268 millones solo durante el primer año de implementación, y por lo tanto este proyecto debe discutirse en profundidad para no terminar cambiando un modelo por otro aún más caro y sin hacerse cargo de las dimensiones fallidas del sistema chileno en la materia: la falta de competencia y profesionalización de los administradores de la educación pública y la falta de mayores grados de responsabilidad y rendición de cuenta propios de una descentralización exitosa. Sin abordar estos aspectos, cualquier cambio de institucionalidad sería infructuoso.