Columna en El Mercurio: Gratuidad en educación superior, la discusión que viene
Por Raúl Figueroa y Gabriel Ugarte, Acción Educar.
“El acuerdo político logrado recientemente para la reforma tributaria significará una inyección de recursos que el Gobierno ha dicho utilizará mayoritariamente en educación. De acuerdo al programa de gobierno, gran parte de esos recursos se destinaría a generar gratuidad universal en educación superior. En este marco, se hace necesario evaluar qué tanto aporta una política de este tipo a cumplir los objetivos de calidad, equidad y libertad de elección que aspiramos en nuestro sistema educacional.
En primer lugar, la gratuidad no resolverá el desigual acceso a la educación superior según nivel socioeconómico. En general este nivel educativo está reservado a los que demuestran cierto mérito académico, por lo que mientras no resolvamos las falencias que hoy existen en la educación parvularia, básica y media, la matrícula universitaria seguirá sobrerrepresentada por jóvenes de colegios particulares pagados y de los quintiles más acomodados. Basta ver el caso de Argentina, donde a pesar de existir gratuidad y ausencia de procesos de selección en el sistema estatal, el 57% de los jóvenes del quintil más rico asiste a educación superior, mientras que solo un 18% lo hace en el quintil más desfavorecido.
Esta inequidad en el acceso, sumada al fuerte retorno privado que tiene la educación superior, hace que la política de gratuidad sea profundamente regresiva. En efecto, así como la tasa de participación en educación superior de los jóvenes más vulnerables en Chile es un tercio respecto de la de aquellos más favorecidos, también el premio monetario por terminar la educación superior es el más alto de todos los países de la OCDE (quienes poseen educación superior ganan 2,6 veces el salario de alguien que solo completó educación media), por lo que el gasto no solo estaría focalizado en aquellos que menos lo necesitan, sino que justamente en aquellos que verán incrementados fuertemente sus salarios futuros. El caso de Argentina es elocuente: el quintil más acomodado capta 2,5 veces más beneficios de la gratuidad que el más pobre.
Otro aspecto es el uso alternativo que tienen los recursos que se usarían para la gratuidad. Chile es el tercer país de la OCDE con menor gasto por alumno en educación básica y media, ubicándose incluso bajo el que le correspondería según su nivel de desarrollo. Se suma el hecho de que Chile es el segundo país que más destina a educación superior respecto de cada peso invertido en educación escolar. El costo alternativo de seguir invirtiendo en educación superior es demasiado alto, considerando además que el retorno a la inversión en educación es mayor mientras antes se haga. Tómese en cuenta además la deuda pendiente que Chile tiene en el nivel parvulario, en especial en asegurar un nivel de calidad mínimo.
Por último, varios sistemas educativos han transitado de uno gratuito a uno compuesto de becas y créditos como el nuestro, y la tónica en los países de la OCDE es hacia una mayor participación de recursos privados, en desmedro de los públicos. Está el caso de Australia, que cambió su política de gratuidad, entre otras razones, por ser insostenible económicamente.
Nuestro sistema de financiamiento entrega gratuidad al 60% más vulnerable con mérito mediante becas, y créditos contingentes al ingreso al resto de la población. La prioridad en financiamiento debiera estar puesta en los estudiantes que más lo necesitan, en proponer formas de financiamiento de la brecha entre el arancel real y de referencia, y en eliminar las inequidades en el financiamiento de estudiantes de igual condición socioeconómica según el tipo de institución al que asisten. La evidencia indica que la gratuidad universal no es el camino adecuado para avanzar en calidad, equidad y libertad de elección”
Escrito por Raúl Figueroa Salas
Fundador y ex director ejecutivo de Acción Educar.
